La diplomacia científica comienza a ganar terreno en América Latina. Aunque todavía afronta importantes desafíos para integrar la ciencia en su política exterior, cada vez más países impulsan estrategias, redes e iniciativas que consolidan la diplomacia científica como una herramienta clave para afrontar retos globales y reforzar la cooperación regional.

España ha recuperado niveles históricos de inversión en ciencia, pero lo ha hecho apoyándose en fondos europeos temporales. Mientras tanto, el mecenazgo sigue siendo una pieza secundaria, pero vital, en un sistema que depende del sector público y afronta el riesgo de nuevas desinversiones. ¿Quién financia realmente la ciencia española y qué ocurrirá cuando desaparezca ese impulso extraordinario?

SOMMa nació en 2017 para convertir la excelencia científica dispersa de los centros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu en una voz colectiva capaz de influir en la política científica española. La alianza agrupa a unos 14.000 investigadores y actúa como interlocutor con gobiernos y agencias financiadoras. Su papel es fundamental a la hora de promover mejoras en la gestión, atracción de talento, transferencia, ciencia abierta y simplificación administrativa y su impacto se percibe más en el cambio cultural y estratégico del debate público que en los indicadores cuantitativos.

Desde sus centros, departamentos y unidades técnicas, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, adscrito al CSIC en 2021, se ha adaptado a nuevos desafíos tangibles como el cambio climático, el estrés hídrico, la pérdida de biodiversidad o las enfermedades animales emergentes.

El sistema científico español ha logrado consolidarse como uno de los más productivos a nivel global, particularmente en sectores como la biotecnología y la salud. Según datos de la OCDE, España ocupa el noveno puesto mundial en publicaciones científicas en el campo de la biotecnología, una muestra palpable del nivel de sus investigaciones. Sin embargo, a pesar de esta posición destacada, nuestro país tiene ante sí un importante reto: convertir esa producción científica en productos y servicios que lleguen efectivamente al mercado.

Filiaciones, falsas autorías, manipulación de datos... La ciencia afronta en la actualidad un dilema trascendental para preservar su credibilidad y legitimidad como pilar de conocimiento y bienestar social. Este escenario plantea preguntas fundamentales: ¿Dónde están los límites éticos? ¿cómo puede la comunidad científica garantizar la transparencia de los estudios? ¿Qué medidas deben implementarse para combatir las malas prácticas?

La ciencia, la innovación y el emprendimiento necesitan de materia gris y, sobre todo, de vocaciones que nos aseguren respuestas en forma de talento profesional para atender las grandes macrotendencias del siglo XXI, como las transiciones energética y digital. Se estima, por ejemplo, que la industria biotecnológica en España generará 11.000 empleos en los próximos cinco años. La cuestión es si contamos con recursos suficientes para atender esta demanda y en qué condiciones.

La fractura del talento en España revela una brecha profunda y compleja que divide al país en términos de desarrollo económico, innovación y oportunidades profesionales. Esta fractura, evidente en diversos estudios y análisis, pone de relieve las disparidades regionales que impactan en la distribución y el aprovechamiento del potencial humano en toda la península ibérica. El Mapa del Talento 2023, una detallada investigación realizada por Cotec y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), así lo confirma.

Luz verde al nuevo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) 2024-2027, que contará con una dotación de 18.400 millones de euros. Esto supone unos 4.500 millones de euros anuales y 1.000 millones al año respecto al plan anterior y un 32% más de inversiones. Este Plan incluye la previsión de convocatorias competitivas e infraestructuras de I+D+I dependiente de la AGE. “La apuesta por el conocimiento está facilitando que uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo generados en España esté relacionado con la ciencia, la innovación y las tecnologías de la información”, según la ministra Morant.

Necesitamos que el desarrollo exigido por esa ley de ámbito estatal se acompañe de los fondos correspondientes. Es algo urgente e inaplazable”, apunta Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria. El departamento que dirige Diana Morant ha creado un grupo de trabajo junto a las comunidades autónomas, los sindicatos y los rectores para desarrollar la aplicación de la LOSU y se ha comprometido a que los plazos fijados se alarguen.

Nuestro país ha alcanzado un hito significativo con la aprobación de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) para el período 2023-2027 cuya inversión ascenderá a cerca de 24 millones de euros para garantizar la apertura y transparencia en la investigación cientifica financiada con fondos públicos. Los editores de revistas científicas españolas por internet están a favor de publicar ciencia en abierto, aunque subrayan que se encuentran con barreras para aplicarla plenamente.

“España se ha convertido en líder en priorizar la política de investigación e innovación en los últimos años con numerosas reformas significativas en su sistema de investigación e innovación”, ha subrayado Diana Morant, ministra en funciones de Ciencia e Innovación.

¿Qué ocurre cuándo es una universidad la encargada de abonar suculentos emolumentos para que el investigador o investigadora declare falsamente que es en su institución y no en el centro para el que trabaja en España, donde realiza sus investigaciones principales? Esto es lo que ha desvelado el diario ‘El País’.

Rectores, comunidad docente, consejos sociales y sindicatos han salido en tromba a criticar la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario. “Nos han propuesto la ley que no necesitábamos. Una ley que sólo satisface a unos pocos”, ha comentado el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde López-Brea.