No hay nada malo, no, en investigar fuera de tu país. La movilidad del personal científico es un hecho necesario y real, enriquecedor para adquirir y compartir conocimientos, para conocer cómo se desenvuelven colegas tuyos en el campo en que trabajas. Todo son ventajas.
¿Pero qué ocurre cuándo se pervierte este sano ejercicio y es una universidad la encargada de abonar suculentos emolumentos para que el investigador o investigadora declare falsamente que es en esta institución, y no en el centro para el que trabaja en España, donde realiza sus investigaciones principales? Pues que, evidentemente, el fantasma del fraude se nos revela como la niña de la probeta y la imagen del sistema que tanto trabajo ha costado levantar se cae a trocitos.
Un artículo publicado en el diario El País redactado por Manuel Asende, a partir del informe de la consultora Siris, el juego de afiliación entre las instituciones de Educación Superior e Investigación españolas y saudíes, ha puesto en evidencia la precariedad del actual sistema científico español. “Si las condiciones aquí son miserables y alguien ofrece 70.000 euros por cambiar unas líneas en una publicación en una web, alguno piensa que no pasa nada por poner otra primera afiliación que no sea la de su centro español”, subraya uno de los autores del estudio, el investigador suizo Yoran Beldengrün.
El consultor se refiere al caso protagonizado por Mira Petrovic, quien ha resultado elegida la cuarta mejor investigadora de España y 433 del mundo por Research.com. Lleva trabajando en España desde 1999 y es investigadora del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) con afiliación en el Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA), donde es jefa de departamento y su ámbito de estudio es el de las transformaciones bióticas y abióticas de los contaminantes emergentes, identificación de los productos de transformación, elucidación de las vías de transformación, estudio de la presencia y distribución de contaminantes emergentes en el medio acuático y evaluación del riesgo ambiental, no ha tenido reparos en poner luz a esta práctica y denunciarla públicamente.
La investigadora es una de las más citadas que aparece en la lista Clarivate, que sirve como indicador del Ranking de Shanghái. “Recibí una oferta de Arabia Saudí para que mi primera afiliación fuera en la Universidad Rey Saúd y el hecho de que yo aparezca en esta lista se atribuiría a Arabia Saudí”, ha subrayado.
En concreto, subraya, “el jefe de un departamento de la Universidad Rey Saúd de Riad me envió un correo electrónico en el que me ofrecía 70.000 euros para mi bolsillo si publicaba en mis artículos que mi primera afiliación era su universidad. Me sorprendió que fueran tan directos. Busqué información y vi que la revista Science ya había descubierto casos así en los años 2010 y 2011”, recuerda Petrovic. A cambio, solo tenía que ir “una o dos veces al año a la universidad y dar clases tres o cuatro días”. Pero Petrovic no dudó ni un segundo en rechazar la oferta. “Tengo un contrato con mi centro, que es mi única afiliación. Y además, sé cómo se trata a las mujeres en esos países. Tendría que dar clase totalmente tapada. De ninguna manera”, subraya.
Blanca Landa, investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) y experta en Biología y ecología de poblaciones de agentes fitopatogénicos y de biocontrol recibió, como así ocurriera con Petrovic, una oferta de 1.500 euros por artículo a finales de año. Dio un no por respuesta. “El único interés es que mis publicaciones científicas de alto impacto, en el mejor de los casos he publicado 12 o 13 al año y quedaran residenciadas en este centro”, apuntó Landa en una entrevista en RTVE.
ONCE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES AFILIADOS
Detrás de esta práctica de las universidades saudíes se esconde aumentar su prestigio y su influencia y auparse en los ránkings internacionales más influyentes, como el de Shanghái, que premian a los centros educativos que cuentan con premios Nobel o con los científicos más citados del mundo. Un solo investigador altamente citado puede permitir que una universidad gane hasta 200 puestos en el citado ránking.
El informe de Siris explica que, para las universidades, tener investigadores altamente citados“es importante porque se considera una marca de calidad y aumenta su atractivo”. Es algo así como el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr.
De los 112 investigadores de todo el mundo que aceptaron el año pasado una oferta saudí, once son españoles, una cifra sorprendentemente elevada si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en China, con 30 veces más habitantes, solo fueron doce; de Reino Unido e Italia, seis; de Alemania y la India, cinco, o de Pakistán y Turquía, cuatro. Entre los años 2014 y 2021, Siris detectó que otros ocho españoles tenían una primera afiliación en universidades de Arabia Saudí, pero vaticina que en 2023 “no habrá ninguno”. “Los centros españoles ya se han dado cuenta de lo que está pasando”, argumenta.
El caso de Rafael Luque, de la UCO El químico de la UCO, Rafael Luque, ha publicado más de 380 artículos en revistas con un alto índice de impacto (H>56). Actualmente es miembro del Consejo Editorial de las prestigiosas revistas Chemical Society Reviews, Green Chemistry, ChemCatChem, Topics in Current Chemistry and Scientific Reports, así como también es editor de la revista Journal of Molecular Catalysis A: Chemical.
El investigador andaluz aceptó en 2019 una oferta saudí y modificó sus datos, para figurar en primer lugar como investigador de la Universidad Rey Saúd, a espaldas de su auténtica empleadora, la Universidad de Córdoba. La institución española lo expulsó de facto, con una sanción de 13 años sin empleo y sueldo.
La Universidad de Córdoba se desplomó unas 150 posiciones en el Ranking de Shanghái por aquel cambio a escondidas de Luque, según un detallado informe sobre el caso enviado a este periódico por la consultora SIRIS. Si Luque no se hubiese mudado falsamente al centro saudí, la Universidad de Córdoba estaría en torno del puesto 684 del Ránking de Shanghái, en lugar del actual 837.
Además de achacar a la “envidia” la sanción recibida, también mencionó cuál será el impacto para la universidad andaluza. “Sin mí, la Universidad de Córdoba va a bajar 300 puestos. Se han pegado un tiro en el pie”, llegó a decir. Luque, que actualmente se encuentra en Arabia Saudí donde trabaja a tiempo parcial como profesor, concedió una entrevista a ABC en la que no negó los hechos. “Yo sabía de esta incompatibilidad, que se dio porque no llegué a un acuerdo con el equipo directivo de la Universidad de Córdoba. Yo estoy fuera de ese centro desde el pasado mes de diciembre, cuando la suspensión se hizo efectiva. No tengo ningún problema con la Universidad de Córdoba, ha sido mi casa y me lo ha dado todo como investigador”, expresó a este diario.
Además, señaló al anterior rectorado del centro andaluz como el responsable de la sanción. “Mi problema es con una parte de el anterior equipo rectoral, con el que no hubo un buen entendimiento y me ha hecho muy difícil mi trabajo”, dijo. También reconoció el uso que hace de la aplicación de inteligencia ChatGPT, con el objetivo de “pulir” sus textos y para corregir el nivel de inglés de algunos de sus alumnos. “Es solo un apoyo y yo reviso el resultado final”, sentenció.
Doctorado en 2005 por la Universidad de Córdoba, Luque fue citado en las áreas de ciencia de nanomateriales, nanocatálisis heterogénea, química de flujos, biocombustibles y métodos químicos verdes en química orgánica sintética. Durante su trayectoria, presentó siete solicitudes de patente y editó 10 libros. También contribuyó al escrito de capítulos de libros y participó en diversas conferencias y en eventos científicos en todo el mundo.
La vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, reclama tras desvelarse el caso de Luque una reflexión general sobre lo que denomina “tiranía de los índices de impacto”. “Desde hace bastantes años, las instituciones de investigación estamos sometidas a unos ránkings que miden la repercusión de nuestras publicaciones, lo que nos mete en un contexto de enorme competitividad. Y hecha la ley, se puede hacer la trampa por parte de quienes buscan atajos para subir su impacto”, asegura.
Otro de los casos desvelados, también desde las páginas de El País, ha sido el de Damià Barceló, uno de los primeros investigadores españoles que aceptó una oferta saudí y uno de los científicos más prolíficos de España. Ha llegado a firmar 1.600 estudios, alcanzando algunos años un ritmo de 10 publicaciones al mes. Desde 2016, su nombre aparece como científico de la Universidad Rey Saúd en primer lugar, pese a que su dedicación principal es ser director del Instituto Catalán de Investigación del Agua. Barceló asegura que a él le interesaba analizar los contaminantes en cultivos regados con aguas residuales en Arabia Saudita. “La solución para poder realizar estos estudios era que tuviésemos como primera afiliación la Universidad Rey Saúd. Era una condición sine qua non: sin afiliación a la Rey Saúd yo no podría recoger muestras en Arabia Saudita”, afirma. Ya en 2013, Barceló recibió de manos del actual rey saudí, Salmán bin Abdulaziz, un premio dotado con 500.000 riyales (unos 120.000 euros) por sus investigaciones sobre los contaminantes en el agua. Por ejemplo, la presencia de cocaína en los ríos españoles.
Y, no menos sorprendente, es el caso de dos investigadores del Centro Tecnolóxico da Carne, con sede en San Cibrao das Viñas (Ourense), Rubén Domínguez y Marian Pateiro, quienes figuran en la lista de Clarivate por ser altamente citados, pero también aparecen como afiliados a la Universidad Rey Abdulaziz. Ellos aseguran, a través de la Consellería do Medio Rural, que no tuvieron relación contractual alguna con esa universidad saudí: “Son trabajadores temporales del Centro Tecnolóxico da Carne, con cargo a proyectos de investigación. En estos momentos no están afiliados a ninguna universidad saudí, ni lo estuvieron ya que no formalizaron ningún tipo de contrato con King Abdulaziz University”.
Como son contratados temporalmente por la Xunta, a principios de este año trabajaron para la empresa murciana UP4 Institute of Sciences “en los meses que no estuvieron contratados en el Centro Tecnolóxico da Carne” y que desconocen los motivos por lo que sus nombres aparecen vinculados a la Universidad Rey Abdulaziz, si bien ese listado se difundió el pasado año.
En todo caso, según la Xunta, ambos investigadores se pusieron ya en contacto con la universidad saudí para que les dé de baja.
REACCIÓN EN CADENA
Ante estas informaciones, fuentes del CSIC informaron a Europa Press que la institución está estudiando los casos, aunque por el momento no puede dar una respuesta definitiva al respecto, ya que han encontrado “inconsistencias” en algunos datos que figuran en Clarivate que necesitan ser revisados con más detalle. Por otro lado, las mismas fuentes recuerdan que la nueva Ley de la Ciencia y la Innovación regula la doble afiliación desde septiembre de 2022 y el CSIC está analizando el modo en el que se aplicará en la institución.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación afirman que van a esperar a conocer la valoración del Comité de Ética del CSIC y, en caso de que exista algún tipo de irregularidad, se depurarán responsabilidades. Del mismo modo, aseguran que la prioridad del Gobierno siempre ha sido la mejora de la calidad del sistema científico y universitario en su conjunto y explican que estos rankings acumulan un histórico de críticas a su validez por el tipo de indicadores que emplean y, por tanto, recuerdan, no deberían tomarse como únicas referencias a la hora de clasificar la excelencia de las universidades en el mundo.
Beldengrün recalca la opacidad de las transferencias saudíes. “Unos científicos usarán el dinero para adquirir un microscopio y otros para comprar una casa en la Costa Brava”.
Universidades valora el alcance de la información
El Ministerio de Universidades también está valorando el alcance de la información. Así, fuentes del departamento que dirige Joan Subirats explican que en su trabajo, a través de su acción legislativa, su prioridad siempre ha sido la mejora de la calidad del sistema universitario y científico en su conjunto, y muestran su preocupación “más allá de que pueda estar acotado a Universidades, centros de investigación o investigadores concretos”.
Subirats ha salido al paso de esta circunstancia y ha manifestado que cree que es necesario implantar “indicadores distintos” a los numéricos para valorar a las instituciones de educación superior con el fin de evitar “disfunciones”, como el pago a científicos españoles por parte de Arabia Saudí. “Hay una mala utilización de los criterios numéricos que ha provocado un efecto perverso en la valoración de las universidades”, señaló.
