Parece que el nuevo ministerio de Diana Morant, que ha incorporado la cartera de Universidades a sus competencias de Ciencia e Innovación, se ha empeñado en dar visibilidad y lustre a la guadianesca Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que aparece y desaparece de forma recurrente sin encontrar un rumbo fijo en medio de encarnizadas críticas sobre su aplicación. En el primer aniversario de su publicación en el BOE (el 22 de marzo de 2023), los rectores, quienes si no, se han encargado de recordarle a Morant algo que ya hicieron con su predecesor, Joan Subirats: sin una capa financiera que la proteja, la LOSU va a terminar siendo papel mojado. Y el tiempo les está dando la razón porque desde que Morant asumiera las competencias de Universidades el pasado 21 de noviembre, la valenciana, semana sí, semana no, ha tenido como fondo de pantalla alguna crítica de sindicatos, profesores, estudiantes y responsables universitarios.
“Nuestra preocupación más inmediata es que la Ley contempla una serie de preceptos que requieren, de forma explícita, mayor financiación. Necesitamos que el desarrollo exigido por esa ley de ámbito estatal se acompañe de los fondos correspondientes. Es algo urgente e inaplazable”, ha subrayado Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria, quien ha vuelto a insistir en la necesidad de un Pacto Nacional por la Universidad. Un pacto, ha dicho, “que defina consensos básicos, por encima de las diferencias partidistas; que garantice un esquema de financiación por parte de la administración, y que contemple, por supuesto, una rendición de cuentas eficaz, por parte de las universidades”.
No ha sido el único. A mil kilómetros de distancia, y casi de forma simultánea, sin financiación, la LOSU es un absoluto fracaso normativo”. “El Estado y las comunidades tendrán que tomar las decisiones que sean necesarias”, ha asegurado José Luján, rector de la Universidad de Murcia. Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo y miembro del G-9, se remonta, incluso, a cuando la ley estaba, como quien dice, en pañales.
“Desde el borrador de la LOSU, hemos puesto de manifiesto que la entrada en vigor de la norma iba a suponer un impacto económico importante y muy sustancial sobre la economía de las universidades públicas españolas. Ahora que está aprobada y que empezamos ya a tener que hacer aplicación de la ley orgánica, eso que se había dicho hace un año se manifiesta en cifras concretas”, manifiesta Villaverde.
Y efectivamente, el párrafo anterior del rector ovetense complementa el contenido del informe editado por la CRUE Financiación pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, elaborado por José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de València) y Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén), y que eleva a 3.135 millones de euros adicionales (3.180 millones con datos actualizados del PIB) la aplicación del artículo 55, apartado 2, de la LOSU, que establece el compromiso de alcanzar una financiación pública, como mínimo, del 1% del PIB del conjunto del Estado en materia universitaria. Hoy, esta se sitúa en el 0,75% del PIB, lo que implica un incremento del 0,24%, según los autores de la publicación, quienes advierten, además, de que la Memoria de la ley no valora el importe monetario que supondría este incremento del gasto público previsto en el artículo 55. Los expertos sostienen que este objetivo de gasto público no se ha consultado con las haciendas autonómicas.
“La Administración General del Estado debe aportar los recursos necesarios a las comunidades”
CRUE
“Seguimos en un escenario de incertidumbre. Ninguna universidad sabe cómo van a contribuir, tanto los gobiernos autonómicos como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para poder hacer frente a esos costos que, si no pondrán en riesgo el cumplimiento de la ley, en cualquier caso, sí la salud económica de nuestras universidades”, prosigue Villaverde.
En cuanto al epígrafe de personal docente e investigador, la aplicación de las disposiciones de la nueva ley supone un coste directo extra para las universidades públicas de al menos 844 millones de euros, un dato que demuestra, según los autores, que la Memoria económica de la LOSU no refleja la realidad de los costes que exige su aplicación. Asimismo, señalan que estos costos inducidos deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la Ley.
Así, según el calendario de aplicación de la LOSU, en 2024, las universidades públicas deberán hacer frente a los costos de las limitaciones horarias de los docentes asociados, ayudantes doctores y profesorado permanente por un importe de 225 millones de euros. Para 2030, la reducción de la temporalidad y la mejora de la calidad de la plantilla supondrán un coste adicional para las universidades públicas de 424 millones de euros. Además, la reposición anual de efectivos por jubilación del 120% lleva aparejado el coste adicional para las universidades públicas de 195 millones por el pago de la Seguridad Social, que hasta ahora lo asumía el Estado, ya que los jubilados cotizaban a Muface. De no producirse una financiación adecuada, el informe alerta de que la LOSU devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas. Por ello, reitera que los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costos. En cuanto al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, el informe monográfico señala que es necesario reforzar la política de becas y ayudas al estudio por un importe de 1.000 millones de euros, priorizando las ayudas a las familias con bajas rentas. Asimismo, para cumplir con el principio de equidad, el documento subraya que, para la asignación de recursos, hay que tener en cuenta las desigualdades del PIB regionales y no la proporción del 1% de cada PIB regional.
“Vamos a cambiar el sistema universitario de una vez por todas, pero no solo de una vez”
Diana Morant
“Este es uno de los mayores retos que tenemos en estos momentos. La LOSU se tiene que desarrollar en cada uno de los campus universitarios. Desde las universidades estamos convencidos de que la Administración General del Estado debe aportar los recursos necesarios a las comunidades autónomas y estas, a su vez, deben asumir su parte para la aplicación de la ley”, ha afirmado Eva Alcón, presidenta de CRUE. “Nos hemos comprometido con las comunidades autónomas a un trabajo con lealtad y corresponsabilidad en el objetivo común de fortalecimiento del sistema universitario”, ha afirmado Morant. “Vamos a cambiar el sistema universitario de una vez por todas, pero no solo de una vez”, ha subrayado, quien ha recordado que, si bien las competencias en materia universitaria son de las comunidades autónomas, el Ministerio las quiere acompañar en su esfuerzo para “apoyar al sistema universitario, cambiarlo, modernizarlo y ayudar a que sea el centro de la retención del talento de nuestro país”, ha comentado la ministra.
Ministerio colaborador
Ante esta tormenta de declaraciones y de datos, Morant se ha abierto por primera vez a financiar parcialmente la reforma de los campus que prevé la LOSU. Y lo ha hecho ante los consejeros y viceconsejeros del ramo en su primera Conferencia General de Política Universitaria. Sin embargo, y pese a que la ministra no concretó cantidades, sí ha impulsado una Comisión de Trabajo con las comunidades de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, además de los tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) y los rectores de las universidades españolas, para abordar posibles soluciones. Aunque, evidentemente, hasta con la constitución de este grupo de trabajo, Morant ha encontrado posiciones en contra. “Me parece impresentable. Si esta va a ser la forma de trabajar de la nueva ministra, deja mucho que desear. La ministra ha creado un grupo de trabajo para definir el calendario de la implantación de la nueva LOSU sin Castilla y León. No solo ha dejado fuera a la Junta, también a las universidades, ninguna está representada en ese grupo de trabajo”, ha denunciado Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. “Esta dinámica muestra una falta de diálogo y consenso muy preocupante. No vamos a permitir que ninguna otra comunidad tome decisiones por nosotros. Seguiremos peleando por estar ahí”, agrega Rocío Lucas.
Otra nota discordante es la del Gobierno de Aragón. “Queremos mostrar nuestra disconformidad a la decisión tomada por la ministra Diana Morant al prohibirnos asistir al grupo de trabajo. En la Conferencia Sectorial del pasado día 25 de enero, hice constar en acta que aceptábamos la comisión, siempre y cuando participásemos todas las comunidades autónomas que quisiéramos, sin divisiones y respetando la igualdad de todos los españoles”, ha lamentado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo autonómico, Claudia Pérez Forniés.
El despliegue de la LOSU requiere de la aprobación de otras normas de rango inferior, como el estatuto de PDI
Otros retos
Con independencia del resultado del grupo de trabajo creado por la ministra, no hay que olvidar que el despliegue de la LOSU requiere la aprobación de normas legales de rango inferior, entre las que destaca el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que, según establece la Ley de Universidades, debería haber sido aprobado ya, debido a que el Senado aprobó que el Gobierno tenía que presentar este Estatuto en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma.
Otra de las tareas a las que tendrá que hacer frente Morant como responsable de universidades será la problemática de la gestión y el pago de las cuotas de la seguridad social del estudiantado que realiza prácticas en empresas o instituciones, ya que, según denuncian los rectores, tanto empresas como instituciones “se han negado” a hacer frente al pago de las cuotas, que están siendo costeadas por las universidades.
Morant: “En ciencia, las ideas no caen del cielo, sino de un presupuesto”
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que “la ciencia y la innovación están en el centro de todas las políticas del Gobierno de España” y, por ello, “la inversión en I+D+I es la más alta de la historia de nuestro país”. “La próxima vacuna que cure nuestras enfermedades no surgirá de la inspiración divina ni de un azar fortuito en un laboratorio. En ciencia, las ideas no caen del cielo, sino de un presupuesto. De políticas encaminadas a revolucionar con inversión y medidas concretas el sistema productivo de este país”, ha defendido. Morant también se ha referido a la capacidad de la I+D+I de crear empleo de calidad. “Uno de cada cinco nuevos empleos en nuestro país es en la ciencia, la innovación y las TIC. Es un cambio disruptivo en nuestro país y nuestro mercado laboral, que habla de que por fin hemos hecho que penetre la cultura de la ciencia y la innovación en las empresas, , ha comentado en la inauguración del el congreso Science for Industry (S4i) celebrado recientemente en Madrid.
España es el segundo país de la UE con mayor número de proyectos ERC Proof of Concept 2023
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha publicado los resultados del tercer y último corte de la convocatoria ERC Proof of Concept Grant 2023, que posicionan a España como el segundo país de la UE con mayor número de proyectos en 2023, que explorarán el potencial comercial o social de los resultados de investigación en centros de investigación y universidades españolas. España encabeza esta lista (30) junto a Alemania (40), seguidos de países como Reino Unido (26), Italia (25), Francia (22), Holanda (20), Israel (18) o Bélgica (15). En total, durante las tres rondas celebradas a lo largo del pasado año 2023, el Consejo Europeo de Investigación ha financiado 240 proyectos de investigación de entre 564 propuestas presentadas, lo que supone una tasa de éxito del 43% a nivel europeo; y ha invertido hasta 36 millones de euros en la convocatoria ERC Proof of Concept 2023, que ha contado con tres cortes celebrados durante el pasado año (DL1, DL2, DL3). Esto supone que el personal investigador seleccionado contará con 150.000 euros para explorar el potencial innovador de sus resultados de investigación.
Los nueve proyectos Proof of Concept de la convocatoria ERC-PoC-2023-DL3 que se desarrollarán en España son: Francisco de Asís Palazón (Zelula Biopharma SL) TAM-ADaCT: A Novel Antibody-Drug Conjugate for Targeting Tumor-Associated Macrophages in Solid Tumors; Jesús Santamaría (Universidad de Zaragoza) LABORIOUS: Reliable and scalable procedures for the isolation and loading of extracellular vesicles; Albert Guillén (Universidad Pompeu Fabra) UNIDACT: Universal Data Compression with Circular Context Trees; Montserrat Calleja (Agencia Estatal CSIC) VIR-Quantify: Nanowire device for single virus delivery and sensing in vacuum; Pablo Bermejo-Álvarez (Agencia Estatal CSIC) DIASTORE: Diapause-mediated cattle embryo storage; David Sancho (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III) ImnovAth: Targeting the Imidazoline I1 receptor as a novel treatment for Atherosclerosis; Marc Claret (Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) MitoHealth: The Mitochondrial Paradox: Embracing Mitohormesis for Improved Metabolic and Aging Health, Jorge Ferrer (Fundació Centre de Regulació Genòmica) GenomeDia: A personalized medicine tool for diabetes; Alberto Ros (Universidad de Murcia) Berti-Chip: Energy-Efficient Highly Accurate Data Prefetching.
