La Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno, cuenta con una experiencia de 30 años entre el sector sanitario, la universidad y la industria biotecnológica, principalmente en el área de oncología e inmunología. Doctora en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid, cursó una estancia postdoctoral en la Universidad de Lund (Suecia) en el departamento de Inmunotecnología, donde fue contratada como investigadora senior. Hasta la fecha, desempeñaba el cargo de directora Científica del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). También ha sido coordinadora del área de biobancos dentro de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III, directora científica del Nodo Nacional en BBMRI-ERIC, así como directora de Gestión de la Red Nacional de Metástasis Cerebrales (RENACER). También fue Secretaria General de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) en el periodo 2019-2023. En el año 2023 fue elegida miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como del Comité de Ética de Investigación del Instituto de Salud Carlos III.
Desde su experiencia europea, hablemos de cuestiones más domésticas. ¿Es España un país competitivo en investigación? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema científico y universitario español en la actualidad, y cómo se están abordando desde el Gobierno?
España se sitúa en los ránquines de producción científica en la posición que le corresponde por su peso económico y geopolítico. Concretamente, nos situamos entre los puestos 10 y 12 de países con mayor producción científica. En estos últimos años hemos conseguido hacer de España un país mejor para la ciencia, saliendo de una etapa muy dura para el sistema como fueron los años de la crisis financiera. Tenemos que continuar manteniendo e incrementando la financiación pública a la I+D+I, mientras no dejamos de fomentar la privada. De hecho, la gran anomalía de España con respecto a los países de nuestro entorno es el bajo peso que tiene la inversión privada en investigación y desarrollo. Por ello, no cejamos en nuestro empeño de seguir impulsándola. En este sentido, han tenido un papel fundamental los Fondos Europeos.
Su nombramiento como secretaria general de Investigación coincidió con la publicación del último informe PISA (diciembre de 2023). Ahí es nada. Y los resultados no han sido nada alentadores. ¿Cómo se puede actuar para hacer atractiva la investigación en un segmento de población que parece no mostrar interés por las disciplinas STEM?
Sinceramente, no considero que la situación sea tan poco alentadora. Los resultados de PISA de los alumnos españoles nos sitúan en niveles similares a las medias internacionales. De hecho, en la competencia científica hemos superado a países como Portugal y Noruega y estamos al mismo nivel que Francia. Desde luego que hay margen de mejora y hay ya iniciativas del Gobierno de refuerzo vinculadas a las matemáticas y la lectura. En cuanto a hacer más atractiva las profesiones científicas, creo que lo que tenemos que hacer y estamos haciendo es acabar con la precariedad endémica de los investigadores y mejorar sus condiciones salariales. Estamos desarrollando la nueva Ley de la Ciencia precisamente con ese objetivo: que los jóvenes que quieran ser científicos no sean eternos becarios.
El Gobierno ha aprobado recientemente una partida de 1.086 millones de euros destinados a las convocatorias de talento y financiación de la investigación. En total, cinco medidas en materia de Ciencia, Innovación y Universidades en dos ejes particulares, que corresponden a la financiación del sistema de la ciencia y el apoyo del talento. ¿Qué criterios se utilizarán para determinar el retorno de talento desde el extranjero y cuántos investigadores se espera atraer de vuelta a España? ¿Cree que la fuga de talento es solo una cuestión de falta de atractivo económico? ¿Cómo se seleccionarán los beneficiarios de las diferentes convocatorias de financiamiento y talento, y cuáles son los criterios de elegibilidad y evaluación?
Lo primero que querría recalcar es que ya podemos empezar a hablar de circulación de talento, más que de retorno o atracción. El talento científico es hoy un bien muy preciado y tenemos que conseguir que España sea atractivo para el talento científico, tenga el origen que tenga. Desde luego, tras una década de pérdida neta de talento en nuestro país, necesitamos herramientas para que puedan volver aquellos que se fueron, así como atraer investigadores internacionales que quieran desarrollar su carrera investigadora en España. Algunas ya las hemos puesto en marcha, como el aumento del 150% en los contratos de excelencia Ramón y Cajal o el nuevo programa ATRAE. Y los datos de empleo y del INE en personal de I+D muestran que estamos en cifras récord de ocupación, especialmente en sectores de ciencia, innovación y digitalización, que aglutinan uno de cada cinco nuevos empleos creados desde la pandemia (más de 300.000 en estas áreas).
Recientemente, la Agencia Estatal de Investigación acaba de aprobar su Plan de Acción para este año con seis ejes de actuación y la previsión de publicar 20 convocatorias. ¿Qué diferencias podemos encontrar con el aprobado para 2023? ¿Se han cumplido los objetivos?
La Agencia Estatal de Investigación está haciendo un gran esfuerzo por ajustarse a su Plan de Acción en un contexto en el que ha duplicado su presupuesto y ha lanzado muchas convocatorias nuevas, con la carga de trabajo que esto supone. Hay que resaltar que antes no publicaban un calendario anual de convocatorias. Tenemos que seguir trabajando para que se cumplan estos calendarios, lo que es básico para que nuestros investigadores puedan planificar su trabajo.
¿Espera que todas estas medidas de las que hemos hablado contribuyan a mejorar la competitividad internacional de la investigación española? ¿Estamos en el camino de posicionar a España como un referente en ciencia e innovación a nivel mundial?
España ya es un referente en investigación en muchos campos. Lo que nos ha faltado es constancia en la apuesta por la I+D+I. Los vaivenes que ha habido en financiación y en políticas activas han repercutido muy negativamente en nuestro país. El consenso alcanzado con la nueva Ley de la Ciencia aprobada en 2022 sin votos en contra nos permite ser optimistas en que esto no va a volver a ocurrir.
«La transferencia es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de I+D+I. Estamos entre 10-12 países en producción, pero en torno al 30 en innovación”
La Agencia Estatal de Investigación destinará 320 millones de euros a proyectos de investigación entre empresas y organismos públicos para mejorar el liderazgo científico internacional de España movilizando inversión privada, generando empleo e incrementando la competitividad empresarial. ¿Qué papel juega la colaboración público-privada en el impulso de la investigación y la innovación en España, y cuáles son los proyectos emblemáticos en los que se está trabajando actualmente? ¿Por qué las medidas para fortalecer la transferencia de conocimiento desde el sector público a las empresas y la sociedad (dotándolos de mayor empaque presupuestario) no se implementaron antes, dada la necesidad urgente de innovación y desarrollo?
En primer lugar, debo decir que esta convocatoria se lleva varios años publicando por parte de la AEI de forma bienal. Lo que hemos hecho es incrementar sus recursos hasta la cuantía mencionada.
Por otro lado, debo decir que la transferencia es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de I+D+I. Estamos entre 10 y 12 países en producción científica, pero en torno al 30 en innovación. Tenemos un gap de aportación del sector privado a la I+D+I con respecto a los países de nuestro entorno. También estamos trabajando en ello, ya que es uno de los principales compromisos de legislatura de la ministra.
Ha asegurado que la ciencia es un campo que debe unir. La reformada Ley de la Ciencia o la LOSU, ¿considera que han sido catalizadores de esta unión o más bien ha creado desencuentros entre territorios?
Creo que no cabe duda alguna de que la ciencia es un elemento de cohesión. También en política. Prueba de ello es que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha sido un ejemplo de consenso. Ningún grupo votó en contra y, además, los dos principales partidos votaron a favor. Creo que es motivo de orgullo para todos y todas.
Y tengo que reconocer que este consenso se consigue porque la totalidad de las medidas son positivas para nuestro país. Entre otras cosas, la Ley incluye un compromiso de financiación a largo plazo para alcanzar el 1,25% de inversión sobre el PIB en I+D en 2030.
Y con esta misma lógica se ha trabajado, desde la Secretaría General de Universidades, en la LOSU. Una norma que está coordinada con Ley Ciencia, la tecnología y la innovacion en la parte que comparten: la organización sistema público de ciencia.
¿Cómo garantizará el Gobierno que las comunidades autónomas cumplan con las leyes relacionadas con la ciencia y el sistema universitario, y cuál será el mecanismo de seguimiento y control?
Contamos con numerosos mecanismos de cooperación y coordinación con las comunidades autónomas, por lo que existen numerosas vías abiertas de colaboración. Prueba de ello es el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de la Innovación, o las distintas conferencias sectoriales. Nosotros tenemos un papel muy activo en los mecanismos en los que estamos presentes. Lo mismo sucede con el resto de los órganos que conforman el ministerio en sus distintos ámbitos.
¿Cuál es el enfoque para fomentar la participación y colaboración entre empresas y organismos de investigación de diferentes regiones de España, especialmente aquellas que históricamente han estado menos representadas?
Un ejemplo de colaboración entre administraciones y empresas han sido dos programas novedosos que hemos lanzado estos últimos años y que queremos que tengan continuidad. Por un lado, los Planes Complementarios en 8 áreas estratégicas han permitido focalizar esfuerzos del Gobierno, las CCAA y las empresas en temas tan importantes como la biodiversidad, la biotecnología aplicada a la salud, los materiales avanzados o la agroalimentación. En estos Planes han participado todas las CCAA, con una aportación del Gobierno de 300 millones de euros y de 166 millones por parte de las CCAA, en el marco del PRTR.
Por otro lado, y más en el lado de la innovación empresarial pero con la participación de organismos públicos de investigación, el CDTI junto con la AEI y el ISCIII han lanzado desde 2019 programas de misiones de ciencia e innovación. Son convocatorias para financiar proyectos liderados por empresas orientados a resolver cuestiones concretas de retos como la movilidad sostenible, el uso de la IA o el envejecimiento de la población. Solo el CDTI ha invertido más de 300 millones en estos proyectos desde 2019, una gran parte en subvenciones.
¿Qué acciones concretas se están tomando para garantizar que la reducción de la carga administrativa no comprometa la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos destinados a la investigación?
En la actualidad, estamos trabajando activamente para plantear y evaluar distintas posibilidades que nos hagan cumplir un objetivo que, no solo es necesario, sino que además modernizaría la gestión científica. La transparencia y rendición de cuentas es un trabajo conjunto por el que abogamos y trabajaremos activamente en esta
legislatura.
Recientemente, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que las acciones para abordar las desigualdades de género no se conviertan en simples gestos simbólicos? ¿Por qué se han necesitado reformas legislativas para reconocer la igualdad de género en el ámbito de la ciencia?
Se han tomado medidas legislativas porque el avance que ha habido en igualdad es claro e innegable, pero también es insuficiente. Todavía hay muchos techos de cristal que romper. También lo que se llama el efecto “leaking pipeline”, que consiste en que a lo largo de la carrera profesional van abandonando mujeres y, al final, llegan a las mejores posiciones una mayoría de hombres. Por eso hemos actuado en medidas para hacer posible la conciliación de la vida personal con la carrera profesional, porque sabemos que esto beneficia especialmente a las mujeres.
Tras muchos años sin promover y financiar el desarrollo de métodos alternativos a la experimentación animal, en 2021 se lanzó una convocatoria de líneas estratégicas que, por primera vez, incluía como línea adicional “El desarrollo de nuevos métodos alternativos para reducir la experimentación animal”. Sin embargo, la convocatoria no ha vuelto a salir. ¿Tiene pensado el ministerio lanzar periódicamente estas convocatorias?
La Agencia Estatal de Investigación está estudiando una nueva convocatoria de líneas estratégicas. Todavía es pronto para saber si será en esta línea tan necesario de encontrar métodos alternativos a la experimentación animal, cuyas acciones por cierto se han concedido hace muy poco tiempo y todavía están en marcha. Además, en mis responsabilidades previas como Directora del biobanco del CNIO, he tenido esto muy presente. Si la investigación se realiza en animales o humanos, los biobancos deben de trabajar y cumplir todos los requisitos éticos que marca la ley para proteger su integridad. En este sentido, es cada vez más frecuente el trabajo con organoides, que suponen un avance absoluto y que permiten reducir el peso de la experimentación animal.
