La pandemia de COVID-19 ha supuesto, casi dos décadas después de la Declaración de Budapest (2002), el punto de inflexión en cuanto a la importancia de la transparencia y la accesibilidad en la investigación científica y en la innovación. Ambas se convirtieron en referentes de conocimiento en medio de la crisis, pero también revelaron importantes desafíos e importantes lecciones de un valor incalculable para preparar el camino hacia una investigación mucho más abierta y fiable.
Efectivamente, la pandemia impulsó una transformación fundamental en la forma en que se realiza y se comunica la I+D; y los principios de Open Science, que promueven la apertura de datos, publicaciones y procesos de investigación, se volvieron esenciales. La eliminación de barreras de acceso a la investigación se convirtió en una prioridad, lo que permitió que la información sensible o crítica estuviera disponible de manera gratuita para científicos, médicos y el público en general.
Por ejemplo: los preprints desempeñaron un papel crucial durante la pandemia. Se publicaron más de 60.000 sobre la enfermedad, su naturaleza, sus causas y posibles tratamientos, permitiendo una comunicación más rápida de hallazgos en un momento en que la velocidad para apagar esta gran llamarada mundial era esencial. A pesar de no estar revisadas, proporcionaron una forma de compartir resultados preliminares y obtener retroalimentación de la comunidad científica.
La transparencia, pues, se convirtió en una piedra angular de la investigación sobre la pandemia y los científicos compartieron datos crudos, sin cocer, materiales de investigación y metodologías sin ambages. Más del 70% de los artículos de investigación relacionados con el virus incluyeron enlaces a datos crudos o suplementarios, reflejando de este modo un giro de timón del recelo y el hermetismo hacia la transparencia y la colaboración.
La pandemia impulsó la importancia de la ciencia abierta, enfatizando la transparencia y la accesibilidad.
También la revisión por pares abierta se volvió más común, lo que implicó que los trabajos recién salidos del horno fueran revisados en un entorno más abierto, permitiendo de este modo un mayor escrutinio y debate público sobre la investigación. El número de revisiones por pares abiertas aumentó significativamente, contribuyendo a la calidad y confiabilidad de los resultados. Pero, como en todo y a pesar de los avances, la sociedad se enfrentó a grandes desafíos: el mal uso de estas informaciones por parte de terceros (periodistas y público en general, principalmente) llevó a conclusiones erróneas, resaltando la necesidad de una mayor alfabetización científica en la sociedad.
Cantidad o calidad
Efectivamente, Budapest puso la semilla y el COVID-19 fue el máximo exponente, en tiempo récord, de la aplicación de la Declaración en un área de interés común y general como es el de las ciencias de la salud. Y hoy, como hace dos o 20 años, el enfoque en las métricas de investigación, así como el número de publicaciones, plantea interrogantes sobre el principio calidad versus cantidad. La presión por “publicar o perecer” sigue siendo una realidad en la investigación académica, amén de otras circunstancias más peliagudas como los actuales sistemas de incentivos, la falta de recursos tecnológicos, la heterogeneidad de datos y la propiedad intelectual. Aun así, los diferentes proyectos y discursos relacionados con la apertura científica siguen vigentes y desarrollándose, puliendo sobre la marcha algunas de las deficiencias más importantes.
Es el caso del Open Science sigue dando pasos importantes. Por ejemplo, el programa Horizonte Europa incorpora este aspecto en varios programas de trabajo y establece obligaciones relacionadas con el acceso abierto a la literatura científica y la gestión de datos de investigación. La construcción de la European Open Science Cloud (EOSC) busca crear una red de datos e infraestructuras de investigación interoperables y de acceso abierto.
En el capítulo de declaraciones, la UNESCO se mantiene firme en la promoción la ciencia abierta como un constructo inclusivo que combina diversas prácticas para hacer que los conocimientos científicos estén disponibles en abierto, accesibles y reutilizables por toda la ciudadanía; y en la práctica, varios países europeos, como Holanda, Finlandia, Francia, Irlanda y otros, han implementado estrategias de ciencia abierta con políticas y programas específicos, como Rumanía y Eslovenia. España ha sido el último en sumarse con la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) para el período 2023-2027. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Universidades, tiene como objetivo transformar la investigación científica en el país en un modelo “accesible” y “abierto para todos”. Con una inversión de 23,8 millones de euros al año, se garantizará que todas las investigaciones financiadas con fondos públicos estén disponibles para la ciudadanía.
A pesar de los avances en los últimos años persisten desafíos, como la resistencia al cambio.
La ENCA busca, así, fortalecer la calidad, la transparencia y la reproducibilidad de la actividad científica en España; y se propone que, para 2027, los procesos de financiación, ejecución, comunicación y evaluación de la investigación incorporen los principios de la ciencia abierta. Esto incluye la apertura y transparencia en la comunicación de resultados, más allá de las publicaciones académicas. Además, promueve la participación de la sociedad en todas las fases de la actividad investigadora.
Sin embargo, y a pesar de estos avances, existen desafíos que deben abordarse. La falta de conocimiento generalizado sobre prácticas de ciencia abierta en la comunidad científica, así como la falta de formación en este ámbito, son preocupaciones importantes. La evaluación de la investigación no reconoce adecuadamente las prácticas en este sentido, lo que puede desincentivar a los investigadores. La transición hacia la ciencia abierta plantea incertidumbres sobre la garantía de calidad en la investigación y preocupaciones sobre el presupuesto disponible.
Pero también existen fortalezas que respaldan su implementación. Existe un sólido compromiso político en este sentido, respaldado por un marco legislativo sólido en España. Por ejemplo, los agentes de financiación y evaluación muestran su apoyo a la ciencia abierta, y la existencia de repositorios institucionales y políticas institucionales contribuye a fortalecer el ecosistema. En el contexto internacional, la tendencia hacia una ciencia más transparente y abierta, liderada como hemos mencionado anteriormente por la UNESCO y la OCDE, brinda oportunidades para que España fortalezca su compromiso con este enfoque.
Precisamente, otros prescriptores del Open Science son los rectores españoles. Durante las I Jornadas de Open Science celebradas el pasado 1 de junio, la presidenta de la Comisión de Ciencia Abierta de CRUE y rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, junto con el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, presentaron la Plataforma Transversal de Impulso a la Ciencia Abierta (Platica), impulsada por Crue Universidades Españolas. Con esta iniciativa de Crue Universidades Españolas, en colaboración con RedIris, la rectora de la Universidad de Alicante destacó que se busca la creación de un entorno de ciencia abierta en España que integre diferentes herramientas para ayudar al personal investigador en la difusión del concepto, la gestión y publicación de los datos de investigación y el seguimiento actualizado y detallado de su desarrollo.
La presidenta de la Comisión de Ciencia Abierta de CRUE también mencionó el proceso de reforma respaldado por la UE e impulsado por más de 500 organizaciones europeas, entre ellas CRUE y distintas universidades españolas, mediante la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). En este sentido, Navarro calificó la reforma de “una apuesta valiente y necesaria” y aseguró que las universidades son conscientes de que se debe “avanzar hacia enfoques holísticos y dinámicos que busquen una evaluación más cualitativa, con indicadores más centrados en publicaciones innovadoras y menos en el número de publicaciones”.
Y, por último, no hay un DAFO sin amenazas: como el poder de las grandes editoriales y distribuidoras de la producción científica, que pueden oponerse a cambios que amenacen sus modelos de negocio. La resistencia al cambio en la comunidad científica y las limitaciones presupuestarias son otros obstáculos a superar.
Barreras a superar
Precisamente, un estudio publicado en abierto, bajo el título Drivers and barriers in the transition to open science: the perspective of stakeholders in the Spanish scientific community, en el que han participado Candela Ollé y Alexandre López Borrull, profesores e investigadores de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con investigadoras de las universidades de València, Barcelona y Navarra, ha analizado los principales factores facilitadores y las barreras percibidas en este momento para su implantación en España.
El trabajo ha recogido las opiniones de distintos actores del sistema científico alrededor de varios pilares de la ciencia abierta. En conjunto, parece que el cambio solo se logrará si se organiza un marco político claro y común que ordene el sistema de evaluación y si se dota al sistema de la financiación necesaria para apoyarlo. En la actualidad, tanto las nuevas leyes de la ciencia como la de universidades contemplan este esenciario.
Los investigadores han recabado la visión de cinco agentes clave: investigadores, agentes evaluadores, editores de revistas, vicerrectores de universidades y personal bibliotecario. En concreto, y respecto al acceso abierto de las publicaciones y su publicación en repositorios, se reconocen como un factor positivo que puede aumentar su impacto y visibilidad. Sin embargo, se echan en falta políticas institucionales de fomento u obligatoriedad, y se demandan incentivos curriculares y económicos que permitan impulsarlas.
En el otro bando, los editores de revistas científicas españolas por internet están a favor de publicar ciencia en abierto, pero se encuentran con barreras para aplicarla plenamente, según un segundo estudio estudio coliderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Perceptions regarding open science appraised by editors of scholarly publications published in Spain, que analiza la opinión del sector científico editorial y las prácticas en España.
Editores españoles apoyan la ciencia abierta, pero enfrentan barreras para su implementación total.
Sus autores han encuestado a 420 editores de las revistas científicas indexadas en el directorio Dulcinea, con el objetivo de conocer las políticas editoriales de las revistas españolas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de explotación y las licencias de publicación. Los resultados indican que el 92 % de las cabeceras científicas españolas son revistas en abierto, lo que, según la UOC, es uno de los pilares de la ciencia abierta porque cualquier usuario que disponga de internet puede acceder a un artículo, leerlo, guardarlo, usarlo y hacer minería de datos. Sin embargo, según la UOC, el análisis también indica que “sólo el 16 % de las revistas disponen de una política sobre acceso a datos de investigación subyacentes” y que pocas ofrecen directrices claras sobre cómo citar y poner a libre disposición el conjunto de datos de las investigaciones.
Además, señala que únicamente el 15 % de las revistas permiten el envío de artículos previamente depositados en un repositorio de preprints, que son artículos científicos que se cuelgan en un servidor sin que hayan sido revisados por otros científicos ni aceptados por una revista, una práctica que se acentuó durante la pandemia para acelerar la llegada de las investigaciones en medicina y salud pública.
Cuatro ejes estratégicos
La ENCA recoge todos los compromisos sobre ciencia abierta adoptados por distintos agentes públicos del sistema, los incluidos en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en septiembre de 2022, Ley 17/2022; la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2023; y el Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación 2021-2022; además de hacer un repaso del contexto internacional y nacional en materia de ciencia abierta.
Se centra en cuatro ejes fundamentales. El primer pilar se centra en el desarrollo de infraestructuras digitales basadas en código abierto. Esta acción implica asignar fondos significativos para crear y fortalecer estas infraestructuras, lo que facilitará la gestión eficiente de datos, publicaciones y recursos científicos. La inversión de 23,8 millones de euros para el desarrollo de programas informáticos necesarios es uno de los compromisos destacados. Además, la integración de España en la European Open Science Cloud (EOSC) se plantea como un objetivo estratégico. La EOSC es una iniciativa de la Unión Europea que busca crear un espacio común de datos científicos y de investigación, lo que facilitará la colaboración y el acceso abierto a nivel europeo.
La estrategia nacional tiene un enfoque holístico porque aborda este reto desde múltiples perspectivas.
El segundo pilar se enfoca en la gestión de datos de investigación de acuerdo con los principios FAIR: Findable, Accessible, Interoperable y Reusable (Encontrables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables). Esta acción busca mejorar la localización, accesibilidad, interoperabilidad y reusabilidad de los datos generados por el sistema nacional de investigación, desarrollo e innovación. También se fomenta la gestión y el acceso a nuevos recursos tecnológicos, lo que contribuirá a acelerar el avance científico.
El tercer pilar establece el acceso abierto y gratuito como el estándar para las publicaciones y resultados científicos financiados con fondos públicos. Esto significa que los resultados de la investigación estarán disponibles para toda la sociedad, lo que promoverá la difusión del conocimiento y la colaboración en la comunidad científica. Esto garantiza la transparencia y la accesibilidad en la investigación, ya que elimina barreras para el acceso a la información.
El cuarto y último pilar se enfoca en la creación de nuevos mecanismos de evaluación de la investigación y en la implementación de incentivos para promover prácticas de ciencia abierta. Esto implica una revisión de las métricas de evaluación tradicionales, con un enfoque en la calidad sobre la cantidad. Además, se busca crear un ambiente en el que la comunidad científica esté motivada, lo que incluye un reconocimiento y recompensas para quienes adopten estos principios en su investigación.
Para la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, “se trata de una evolución en la forma de financiar y evaluar el conocimiento. Es una estrategia pionera en nuestro país que se alinea con las estrategias de la Unión Europea”. Para la comunidad investigadora, una forma de progreso y colaboración.
