Antes de 2015, los recursos para la investigación estaban dispersos entre múltiples ministerios y organismos, lo que generaba ineficiencias, duplicidades y un impacto limitado de las inversiones públicas. Esta situación, que lastraba el potencial científico del país, llevó a la comunidad investigadora a reclamar un modelo más centralizado y eficiente.
El verdadero punto de inflexión para la investigación científica en España llegó con la aprobación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Respaldada por las Cortes Generales, esta norma sentó las bases de un nuevo modelo de financiación y gestión de la investigación pública, al establecer la creación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Fue en su articulado donde la ley fijó un mandato claro: en el plazo máximo de un año debía aprobarse el estatuto de la nueva agencia, concebida para agilizar y profesionalizar la gestión de los fondos destinados a la I+D+i. La AEI no solo respondía a una demanda histórica del sector, sino que nacía con vocación de alinearse con las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como el del Consejo Europeo de Investigación (ERC), la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos o la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) de Alemania.
Sin embargo, el camino hacia su constitución no fue sencillo. Las elecciones generales de diciembre de 2011 supusieron un cambio de gobierno que suspendió la creación de nuevas agencias estatales, lo que retrasó el proyecto. En junio de 2012, el entonces ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, impulsó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para permitir, de forma excepcional, la creación de la AEI, con el objetivo de que estuviera operativa en 2013. No obstante, las trabas administrativas y políticas persistieron, y no fue hasta el 27 de noviembre de 2015 cuando se aprobó el Real Decreto 1067/2015, por el que se formalizó su creación. La agencia comenzó a operar efectivamente en 2016, con la primera reunión de su Consejo Rector, y recibió su primer presupuesto propio en 2017.
Adscrita inicialmente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la AEI asumió funciones clave que antes ejercían órganos como la Secretaría de Estado de I+D+i y las direcciones generales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y Competitividad. Este proceso de transición, aunque complejo, permitió centralizar la gestión de la I+D+i, eliminar redundancias y mejorar la coordinación entre los actores del sistema científico español. En 2018, con la reactivación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la AEI se integró en su estructura, consolidándose como el principal motor financiero de la investigación científica y técnica en España.
Desde su creación, la AEI ha gestionado presupuestos crecientes, lo que refleja su importancia estratégica dentro del sistema español de I+D+i. Su estructura organizativa se basa en 19 áreas y 55 subáreas temáticas, lo que permite una asignación especializada y coherente de los recursos. En 2017, su primer ejercicio con presupuesto propio, gestionó 609,9 millones de euros. En 2018, la cifra aumentó un 4,94 %, hasta los 640,1 millones. Entre 2018 y 2020, el presupuesto se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, en 2021 experimentó un incremento del 29 %, alcanzando los 825,7 millones, impulsado por las políticas de recuperación tras la pandemia de COVID-19. En 2022, el presupuesto dio un salto del 64,48 %, situándose en 1.358,2 millones, y en 2023 alcanzó su máximo histórico: 1.420 millones, con un aumento adicional del 4,55 %. En 2024, con presupuestos prorrogados, se mantuvo en torno a los 1.300 millones, y para 2025 se estima que superará nuevamente los 1.000 millones, según las previsiones oficiales.
En total, la AEI ha gestionado cerca de 7.500 millones de euros desde su puesta en marcha. Estos fondos se han distribuido de forma equilibrada entre investigación básica y aplicada, priorizando áreas estratégicas como la salud, las ciencias físicas, la inteligencia artificial, las energías renovables y la biomedicina. Todo ello en línea con los objetivos del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) y del Plan Estatal 2017–2020.
Diversidad del sistema de I+D+i
La AEI respalda a una amplia gama de beneficiarios que reflejan la diversidad del sistema científico español, incluyendo universidades, organismos públicos de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), centros tecnológicos y empresas privadas. En líneas generales, un 20 % de las ayudas suelen ir para el CSIC y un 60 % para las universidades.
En cuanto a la financiación de proyectos de alto impacto, los proyectos que han recibido más respaldo económico por la AEI en el área de Biociencias y Biotecnología han sido los siguientes en 2024: la Universidad de Granada lidera con dos proyectos destacados que suman más de 2 millones de euros. El primero, dotado con 1.066.129,65 €, introduce un citómetro de masas y un nanocitómetro de alta resolución en el Centro de Investigación GENYO. Estos equipos, únicos en España, permitirán análisis multiparamétricos a nivel unicelular y de nanopartículas, con aplicaciones en vesículas extracelulares y biomedicina. El segundo, con 1.020.333,95 €, incorpora un microscopio confocal de súper-resolución para caracterizar células únicas y exosomas, fortaleciendo la investigación en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.
En Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide (UPO) recibe 1.259.000 € para potenciar su animalario, un referente europeo en modelos animales. Este proyecto incorpora tecnologías CRISPR y biología sintética, consolidando a la UPO como un centro global en experimentación animal. Asimismo, la Universidad de Sevilla, con 1.999.500 €, establece una Unidad de Imagen y Cirugía Traslacional con resonancia magnética y una plataforma quirúrgica, única en Andalucía, que beneficiará a más de 100 grupos de investigación.
En Valencia, el Instituto de Biomedicina (IBV-CSIC) adquiere un criomicroscopio electrónico de última generación con 1.197.900 €, democratizando el acceso a la biología estructural en la Comunidad Valenciana. Este equipo, ubicado en la nueva sede Yúfera, promete reducir costes y mejorar la resolución en estudios de macromoléculas biológicas.
La Universidad de Murcia, con 1.010.178,35 €, instala un espectrómetro de masas de alta resolución para estudios avanzados posicionándose a la vanguardia en proteómica y metabolómica. Este equipamiento permitirá identificar biomarcadores clave para enfermedades como el cáncer, beneficiando a investigadores nacionales e internacionales.
Por su parte, la Universidad de Málaga recibe 1.512.495 € para una plataforma de secuenciación de alto rendimiento, combinando lecturas cortas y largas por nanoporos. Este sistema, ubicado en el Centro de Supercomputación y Bioinnovación, optimizará proyectos de transcriptómica y epigenómica, mientras que la Universidad de Córdoba, con 1.866.042,14 €, implementa una plataforma proteómica para el sector agronómico y medioambiental, alcanzando niveles de detección a escala de célula única.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid obtiene 4.500.000 € para avanzar en la investigación del cáncer, mientras que el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela y el Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra reciben 2.250.000 € cada uno, consolidando su liderazgo en biomedicina y biología molecular.
Estas inversiones no solo fortalecen la investigación básica, sino que también fomentan la traslación al sector biosanitario y empresarial. Proyectos como los de la Universidad de Almería (1.699.999,42 €) para estudios de metabolómica clínica mediante resonancia magnética nuclear, o los de la Universidad de Cádiz (1.035.079 €) para microscopía confocal avanzada, destacan por su potencial para mejorar diagnósticos y tratamientos, así como para colaborar con la industria.
Centros e investigación de excelencia
Uno de los programas más emblemáticos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) es el de acreditaciones Severo Ochoa y María de Maeztu, que reconocen la excelencia investigadora a nivel internacional. En abril de 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la AEI, publicó la resolución de esta convocatoria, destinando 75,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 78 % respecto a 2018, para financiar a nueve centros y ocho unidades de excelencia reconocidos por su impacto científico y liderazgo internacional. Actualmente, España cuenta con 64 centros y unidades acreditadas con este prestigioso sello de calidad.
Cada centro acreditado como Severo Ochoa recibirá 4,5 millones de euros durante cuatro años, mientras que las unidades María de Maeztu, de menor tamaño, obtendrán 2,25 millones en el mismo periodo. Esta financiación está orientada a reforzar la organización interna, la planificación estratégica de la investigación, la implementación de buenas prácticas de gestión, la visibilidad internacional y la captación de talento joven. Además, se han previsto ayudas para la formación de 138 nuevos investigadores, mediante tesis doctorales alineadas con las líneas prioritarias de los centros y unidades acreditados.
Entre los centros Severo Ochoa seleccionados en la convocatoria 2024 figuran el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), la Estación Biológica de Doñana (EBD), el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), el Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), el Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), el Donostia International Physics Center (DIPC), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) y la Barcelona School of Economics (BSE).
En cuanto a las unidades María de Maeztu, han sido seleccionadas el Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (MELIS-UPF), el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), el Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB), el Instituto de Ciencia Molecular (ICMOL), IMDEA Software, el Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) y el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
Entre los acreditados, el ICMM, IMDEA Software, CiMUS e IMUS han recibido el reconocimiento por primera vez, mientras que el CNIO, ICFO y BSE han renovado su acreditación por cuarta vez consecutiva, lo que refleja su sostenido liderazgo científico. Estas acreditaciones, gestionadas bajo el Subprograma de Fortalecimiento Institucional del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI), no solo premian la excelencia científica, sino que promueven la colaboración con el tejido empresarial y social, aumentando así el impacto económico y social de la investigación producida en España.
Adicionalmente, la atracción y retención de talento ha constituido otro pilar clave en la política científica de la AEI. Los contratos Ramón y Cajal, que en 2025 celebran su 25º aniversario, han sido determinantes para incorporar al sistema español de ciencia y tecnología a investigadores altamente cualificados. En 2023, la AEI concedió 497 contratos Ramón y Cajal, con una dotación de 98,8 millones de euros, permitiendo que estos profesionales desarrollen proyectos propios en instituciones públicas y privadas.
En paralelo, los contratos Juan de la Cierva, dirigidos a investigadores en etapas iniciales, han facilitado la transición hacia la investigación independiente. En 2023, se otorgaron 650 contratos con una inversión total de 40,5 millones de euros. A estos se han sumado las convocatorias del Certificado R3, que reconoce a investigadores establecidos por su calidad e independencia científica conforme a la Ley 14/2011. En la convocatoria de 2024, cerca de 280 investigadores han obtenido este reconocimiento. En conjunto, estos programas han fortalecido la base investigadora del país, contribuyendo a reducir la fuga de talento y promoviendo carreras científicas estables.
Por otro lado, la transferencia tecnológica constituye una prioridad estratégica para la AEI, que promueve activamente la colaboración entre el sector público y privado para acelerar el paso del conocimiento generado en laboratorios hacia el mercado. En este ámbito, destacan las ayudas Torres Quevedo y los Doctorados Industriales, que financian contratos de investigadores en empresas y proyectos de alto valor tecnológico, fortaleciendo así el tejido innovador.
En la convocatoria 2025, las ayudas Torres Quevedo han incentivado la incorporación de talento consolidado en el sector privado, reforzando la competitividad empresarial mediante la ciencia. Además, la convocatoria Prueba de Concepto, dotada con 30 millones de euros, ha ofrecido respaldo económico para validar la viabilidad técnica y comercial de descubrimientos científicos, reduciendo el riesgo para la inversión privada.
Asimismo, los proyectos de Colaboración Público-Privada, que en 2024 movilizaron 320 millones de euros, han fomentado alianzas estratégicas entre universidades, centros de investigación y empresas, generando soluciones innovadoras con impacto económico y social tangible. Finalmente, la convocatoria de Consolidación Investigadora 2024, con un presupuesto de 50 millones de euros, ha apoyado la creación de puestos permanentes y la renovación de equipamientos científicos en laboratorios de entidades sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como en institutos de investigación acreditados, fortaleciendo la sostenibilidad de las capacidades científicas nacionales.
Una agencia más global
La cooperación internacional constituye un eje fundamental para la AEI. Actualmente, España es el segundo país de la Unión Europea en participación en proyectos de Horizon Europe (2021-2027). En 2024, la AEI ha financiado 193 Proyectos de Colaboración Internacional (PCI) con un presupuesto de 46,2 millones de euros, abarcando 20 programas transnacionales, principalmente vinculados a Horizon Europe. Además, ha destinado 12 millones de euros a 53 ayudas para la Gestión y Preparación de Proyectos Europeos, facilitando así la participación española en convocatorias internacionales. Para 2025, la AEI gestionará más de 50 programas transnacionales en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), según un acuerdo firmado en 2024.
Entre los acuerdos bilaterales, destacan los firmados con la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Alemania) para proyectos en ciencias e ingeniería, y con el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de Brasil, enfocados en biotecnología y energías renovables. La AEI también participa en programas internacionales como el Collaborative Research in Computational Neuroscience (CRCNS) con la National Science Foundation (NSF) y los National Institutes of Health (NIH) de EE.UU., centrado en neurociencia computacional; el EIG EU-CELAC, que impulsa proyectos con América Latina en biodiversidad y salud; y el EIG-Concert Japan, destinado a colaboraciones en tecnologías emergentes con Japón. Asimismo, la cooperación con la Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) en Bruselas y la red EURAXESS fortalece la movilidad de investigadores, facilitando intercambios y estancias internacionales.
Visión global
José Manuel Fernández de Labastida es el cuarto director general de la AEI, tras Domènec Espriu (2022-2024), Enrique Playán (2019-2021) y Marina Villegas (2016-2018). En su discurso de toma de posesión desveló una ambición clara: situar a esta institución al nivel de las principales agencias de financiación de la ciencia en el mundo. Su objetivo, declarado sin ambages, es colocarla en la misma liga que la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) de Alemania o el prestigioso Consejo Europeo de Investigación (ERC). «No es una ambición teórica», ha afirmado, recordando su experiencia directa en el ERC, donde ha ocupado puestos de responsabilidad durante más de una década. «Nuestra Agencia tiene el potencial para estar a la altura de estas instituciones», ha insistido.
No esconde que el camino no será fácil. La Agencia Estatal de Investigación, creada en 2015, aún no goza del reconocimiento internacional que Fernández de Labastida considera que merece, un déficit que atribuye en buena parte a la juventud de la institución. Pero su compromiso es firme: transformar esa situación y lograr que la Agencia sea un referente internacional en financiación de la investigación.
Para ello, no parte de cero. Como ha recordado, España sentó las bases del actual modelo en 2006 con la aprobación de la Ley de Agencias Estatales, un proyecto en el que el propio Fernández de Labastida participó desde el grupo de trabajo interministerial. Esta ley —derogada en 2015 pero parcialmente reintegrada en 2020 en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público— permitió configurar un modelo administrativo moderno, orientado a resultados, con autonomía operativa y responsabilidad por objetivos.
Desde su creación, la Agencia ha sabido consolidarse como un actor clave en la política científica española. Su estructura, el trabajo de su personal y la dirección de quienes le han precedido han permitido posicionarla en el sistema de I+D nacional. Pero el nuevo director cree que es el momento de dar un salto cualitativo.
Para ello, ha presentado seis pilares estratégicos sobre los que articular su mandato.
El primero es dotar a la Agencia de un contrato de gestión sólido. «Es urgente», ha dicho. Este contrato debe fijar objetivos plurianuales, mecanismos claros de evaluación y una orientación inequívoca hacia el servicio a la comunidad científica. «Solo así podremos consolidar nuestro prestigio nacional e internacional», ha subrayado.
El segundo pilar es reforzar una cultura organizativa basada en la calidad, la transparencia y la simplificación administrativa. La Agencia debe ir más allá del mero cumplimiento formal de los procedimientos. «Europa se está moviendo hacia la simplificación administrativa, y debemos izar la vela para que esos vientos nos empujen hacia modelos basados en la confianza», ha señalado.
El tercer eje es reforzar la cooperación, tanto a nivel nacional como internacional. Fernández de Labastida quiere que la Agencia sea un actor central en la articulación del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Y, al mismo tiempo, que tenga un papel protagonista en la cooperación científica internacional, en especial en el marco europeo.
El cuarto pilar pasa por instaurar una cultura de mejora continua. El Comité Científico y Técnico de la AEI debe estar en el centro de la toma de decisiones estratégicas. En este ámbito, ha destacado la importancia de incorporar reformas acordadas en el Espacio Europeo de Investigación y el uso progresivo de tecnologías avanzadas —como la inteligencia artificial— para mejorar los procesos de evaluación y financiación. «Nuestro sistema de I+D está alcanzando niveles homologables a los países de nuestro entorno, y es hora de avanzar en la mejora de nuestros instrumentos, apostando por la confianza en los investigadores y en los centros», ha defendido.
El quinto elemento es alinear a la Agencia con las nuevas prioridades europeas. Fernández de Labastida ha citado los informes de Mario Draghi y Enrico Letta sobre el futuro de la competitividad europea, que insisten en fortalecer las instituciones científicas, atraer talento y fomentar la transferencia de conocimiento hacia la innovación. La Agencia, ha dicho, debe ser una herramienta clave para lograr estos objetivos en España.
El sexto y último pilar es apostar decididamente por la sostenibilidad, la igualdad y la diversidad. «No es un añadido, sino un principio estructural», ha afirmado. La actividad investigadora debe contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y avanzar en políticas activas para garantizar entornos más inclusivos y equitativos. Como prueba del compromiso en esta línea, Fernández de Labastida ha recordado que el Consejo Rector acaba de aprobar el segundo plan de igualdad de la Agencia.
Con este programa, el nuevo director asume el reto de situar a la Agencia Estatal de Investigación a la altura de los mejores. No será un camino corto ni sencillo, pero Fernández de Labastida ha dejado claro que, con trabajo, rigor y ambición, el objetivo es alcanzable.
