Catedrático de Física Teórica, hasta su nombramiento como director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Fernández de Labastida desempeñaba el cargo de director de la Unidad de Apoyo al Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés). De 2011 a 2021 dirigió el Departamento Científico en la misma organización. Su trayectoria profesional incluye responsabilidades de gestión en la Administración General del Estado, donde ocupó el cargo de secretario general de Política Científica y Tecnológica, director general de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i y subdirector General de Proyectos de Investigación. También fue vicepresidente de Investigación Científica y Técnica en el CSIC. Además, ha sido autor y coautor de más de 70 publicaciones científicas, ha liderado cinco proyectos de investigación nacionales y europeos, y ha dirigido cinco tesis doctorales.
El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, afirmó durante su toma de posesión que su etapa abrirá un nuevo ciclo de crecimiento para la AEI. ¿Cuál es su visión para fortalecer la Agencia, hacerla más ágil, accesible y útil para la comunidad científica?
En mi toma de posesión expuse lo que será la visión de la AEI y sus líneas estratégicas para los próximos tres años, que es el mandato que tengo. Mi objetivo es consolidar su posición como referente nacional -que ya lo es-, pero también internacional, donde sigue siendo poco conocida. He trabajado 14 años en el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y, cuando se hizo público que iba a ser director de la AEI, pregunté a colegas internacionales si la conocían. La mayoría no sabía de su existencia, y eso se debe en gran parte a su juventud institucional.
Las agencias son organismos que median entre la comunidad científica y las políticas públicas. Para tener éxito, deben contar, por un lado, con el respaldo de la comunidad científica, que debe percibirlas como un servicio de calidad, y por otro, con la confianza de quienes hacen política, que deben verlas como instituciones fiables, con capacidad para actuar de manera independiente y eficiente. Tenemos independencia operacional.
A partir de 2028 se debatirá en España el próximo Plan Estatal de Investigación, que define las políticas a seguir, y ahí podremos influir.
Una de las ventajas de las agencias es ese contacto directo con la comunidad científica, lo que nos permite proporcionar mucha información relevante a quienes diseñan las políticas. En Europa, al delegar parte de la implementación de sus programas a las agencias, se dieron cuenta de que no recibían suficiente información sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el sistema científico. Ese papel de puente es una tarea pendiente también en España. Durante mi etapa en el ERC trabajé intensamente en esto, y en la AEI es un área que aún no está plenamente desarrollada. Creo que ahí podemos aportar mucho valor. Espero que esta actividad, la llamada «feedback to policy» en términos anglosajones, sea decisiva. En esta línea colaboramos con la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC).
Para fortalecer la AEI es fundamental mejorar su gestión, y para ello necesitamos un contrato de gestión. Las agencias, recordemos, son estructuras relativamente recientes: se crearon en 2006, pero en 2015 el Gobierno decidió suprimirlas, aunque después se recuperaron. Nunca han terminado de estar plenamente asentadas. Ese contrato de gestión es un acuerdo plurianual por el que el Gobierno se compromete a garantizar recursos estables, mientras que la agencia fija objetivos medibles, con evaluaciones periódicas sobre su cumplimiento. Esto proporciona autonomía operativa y estabilidad a medio plazo.
Contar con ese contrato nos permitiría hacer una planificación plurianual real. Mi sueño es que en el verano del año anterior podamos anunciar todas las convocatorias y actividades del año siguiente. Esto en Europa es relativamente sencillo: de hecho, una de mis últimas responsabilidades en el ERC fue coordinar el programa de trabajo anual, que se ajustaba a un calendario como el mencionado.
En su toma de posesión habló de tres aspectos casi innegociables para el desarrollo de su estrategia al frente de la AEI: calidad, transparencia y simplificación. ¿Podría desarrollar más esta triada?
Efectivamente. Además del contrato de gestión, me gustaría destacar estos tres conceptos.
En primer lugar, la calidad. Es fundamental someter los procesos a un escrutinio constante, tanto por parte de la propia agencia como de los beneficiarios. Necesitamos conocer qué funciona y qué no, tanto en la evaluación científica como en la gestión administrativa. Actualmente somos unas 250 personas trabajando en la agencia, además de unos 250 investigadores e investigadoras a tiempo parcial que colaboran en los procesos de evaluación y nos proporcionan información clave para mejorar.
En segundo lugar, la transparencia. Es imprescindible que la comunidad científica comprenda con claridad cómo funcionan los procesos y cuáles son los criterios de evaluación. Debemos ser lo más transparentes posible en nuestras actuaciones, lo que implica compartir información de forma proactiva.
Y, por último, la simplificación, que tiene dos vertientes. Una es la simplificación administrativa, iniciada por mi predecesor, que se empezará a notar con más intensidad próximamente, sobre todo en lo relativo al seguimiento económico de las ayudas. Estas medidas afectan principalmente a las últimas convocatorias, pero aún no están en fase de seguimiento.
La otra vertiente es normativa. Queremos avanzar en la simplificación revisando la orden de bases, orientándola hacia modelos más sencillos. Ya lo dije en mi toma de posesión: en la Comisión Europea soplan vientos muy fuertes a favor de la simplificación. La CE está implantando un instrumento financiero llamado lump sums (financiación a tanto alzado), que funciona así: se concede la ayuda y, una vez otorgada, solo se exige justificar los resultados científicos y técnicos, pero no los detalles de cómo se ha gastado el dinero.
Sin embargo, esto es todavía un objetivo lejano. La Ley General de Subvenciones en España no permite aplicar ese modelo. Creo que deberíamos abrir una reflexión -no desde la agencia, sino desde el propio legislador- sobre la posibilidad de alinearnos con el enfoque de la Comisión Europea.
¿Está previsto que la IA, por su relevancia estratégica, se convierta en una nueva área temática dentro de las 19 existentes? ¿Cómo aborda la AEI los desafíos éticos, regulatorios y sociales de esta tecnología, en línea con las directrices de la UE?
Mi tarea es impulsar herramientas de gestión que ayuden tanto a nuestros beneficiarios como a los propios gestores a ser más eficientes, y entre ellas está la inteligencia artificial (IA). Es una corriente relativamente nueva que empieza a consolidarse.
Además, este tema está ahora mismo en el foco de todas las agencias financiadoras del mundo. Hace poco estuve en la reunión anual del Global Research Council, donde se reúnen todas las agencias de financiación del mundo, y el tema estrella fue precisamente éste: cómo integrar la IA en la gestión de la ciencia.
Durante mi etapa en el Consejo Europeo de Investigación (ERC) ya implantamos herramientas basadas en IA para la identificación de evaluadores. Una buena implantación de estas herramientas permite acelerar los procesos, ofrecer más soporte a los evaluadores y gestionar mejor el volumen creciente de propuestas.
Respecto a si vamos a incluir la IA como área temática específica… Bueno, está y no está. La IA es transversal, afecta a muchísimas disciplinas. Ahora mismo en la AEI tenemos 19 áreas y 55 subáreas, una estructura de detalle similar al de otras agencias europeas. El ERC, por ejemplo, trabaja con 28 subáreas, algo más amplias, y tampoco tiene ninguna específicamente llamada «Inteligencia Artificial».
Es cierto que en el ERC abrimos ese debate, y aquí lo tendremos también. Será una cuestión para abordar con nuestro Comité Científico y Técnico, que es quien nos asesora sobre la organización de las áreas de conocimiento. Está encima de la mesa y hay que discutirlo.
De hecho, acabamos de lanzar una convocatoria específica sobre IA, a petición de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. El objetivo es ver cómo la comunidad científica española está desarrollando proyectos en diferentes campos -desde ciencias naturales hasta biomedicina- aplicando IA. Y lo cierto es que ha sido un éxito: hemos duplicado el número de solicitudes respecto a la convocatoria anterior, con propuestas muy potentes. Ahora estamos justo iniciando el proceso de evaluación.
Se lo comento, claro está, porque la IA podría romper la burocratización del sistema español de I+D+i del que se queja el cuerpo investigador…
He visto dos burocracias: la europea y la española. Tengo esa experiencia. Por un lado, tengo que decir que me fui a la Comisión Europea a principios de 2011 y he vuelto ahora, en 2025. Y lo primero que me ha impactado al regresar ha sido el nivel de digitalización que tiene ahora nuestra Administración General del Estado. No tiene nada que envidiarle a la Comisión Europea, al contrario, diría que estamos más avanzados en algunos aspectos, y por supuesto por delante de otros países de nuestro entorno. Hemos avanzado muchísimo en digitalización de la gestión, y me he quedado gratamente sorprendido.
Cuando me fui todavía hablábamos del portafirmas en papel. Hay burocracia, claro, tanto aquí como en la Comisión Europea, pero diría que allí es incluso más pesada. Los flujos para aprobar determinadas cosas son eternos, aquí son más simples.
Y en lo que se refiere a nuestras ayudas, los tiempos están bastante acompasados con los de la Comisión Europea y con los de otras muchas agencias. Por ejemplo, en proyectos de investigación, gestionamos unas 7.000 solicitudes por convocatoria, y conseguimos resolver -al menos de forma provisional, que es lo que se puede comparar con la CE, el momento en que los investigadores reciben noticias por primera vez- en unos cinco o seis meses. En el ERC es un año. El año no te lo quita nadie. Así que, comparado, diría que nuestros tiempos son muy razonables.
También estamos avanzando en el seguimiento de las ayudas, especialmente en el ámbito del control económico, con el ánimo de reducir cargas innecesarias sobre los beneficiarios, manteniendo la debida garantía de control de la actividad subvencionada. Desde hace unos años, la agencia cuenta con un plan anual de actuación para la comprobación económica de las actividades subvencionadas mucho más ágil ya que no se hace sobre el 100 % de las ayudas, sino por muestreo, de forma aleatoria, aunque con ciertos factores de ponderación: por ejemplo, se otorga mayor peso a las ayudas de mayor cuantía. Este enfoque busca asegurar una revisión representativa y eficaz.
En comparación, en el ERC tienes que presentar tres informes económicos. Es bastante más complejo que lo que pedimos nosotros. ¿Que nuestra burocracia es mejorable? Sin duda. ¿Qué tenemos que simplificar? También. Pero si te comparas con países como Alemania, diría que estamos en un grado bastante avanzado de simplificación.
El sueño sería llegar algún día a una financiación a «tanto alzado», pero eso no depende de mí, sino de una modificación de la Ley General de Subvenciones. Mientras tanto, todo lo que podamos simplificar lo vamos a abordar, y además queremos establecer flujos de información para generar una cultura de mejora continua. Que los beneficiarios nos cuenten qué dificultades se encuentran, qué cosas cambiarían… Esa retroalimentación de la que hablaba antes es fundamental para seguir mejorando.
Hablamos de vocaciones STEM y del papel de la mujer en la ciencia. Usted se refirió a la igualdad como uno de los pilares de su gestión. ¿Podría concretar algún aspecto?
Sí. España es uno de los países que mejor está en este contexto a nivel europeo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la participación de mujeres liderando proyectos es de las más altas de Europa. Por darte un dato: en la última convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento, el 37 % de las ayudas financiadas tiene como investigadora principal a una mujer. Si lo comparamos, por ejemplo, con el ERC, allí estamos en torno al 30 %, o sea que vamos unos siete puntos por encima.
Pero más allá de la foto fija, lo importante es ver cómo evoluciona ese porcentaje a lo largo del tiempo. El ERC mejora año a año, pero no a la velocidad que sería deseable. En el caso de la Agencia, he pedido los datos completos, pero mi impresión -y creo que se confirmará- es que la tendencia es de mejora constante. ¿Por qué? Porque es justo en las franjas de edad más jóvenes donde hay más mujeres liderando proyectos, y eso apunta a un relevo generacional que hará crecer esos porcentajes.
Esto va a ocurrir. Llegaremos a la equidad, pero es una cuestión de tiempo. Y eso también es fruto de las políticas que se han impulsado en España en los últimos 20 años para favorecer el papel de la mujer en la ciencia. De hecho, en mi toma de posesión insistí en que no basta con medir el número de proyectos o publicaciones; necesitamos medidas concretas que impulsen esa participación.
La Agencia acaba de aprobar su II Plan de Igualdad precisamente con ese objetivo: monitorizar la participación de mujeres, analizar la ratio de éxito, estudiar los datos con rigor y, sobre todo, generar medidas que faciliten su liderazgo en los proyectos. Esto es un compromiso de gestión, no solo una declaración.
Y, por último, la sostenibilidad. ¿Qué papel ocupa en su estrategia?
Efectivamente, la sostenibilidad es otro de los pilares de mis líneas estratégicas. Y me refiero no solo a que la propia Agencia sea más sostenible en sus procesos internos -que lo debe ser-, sino también a incorporar ese enfoque en la propia actividad investigadora.
Ya hay grupos de trabajo en Europa, vinculados a Science Europe, que están avanzando precisamente en esa línea, y nuestra intención es alinearnos con esas directrices. Se trata de que los investigadores, cuando desarrollen sus proyectos, tengan en cuenta también el factor de sostenibilidad: que piensen en cómo minimizar el impacto ambiental de su propia actividad científica.
No hablamos solo de resultados o de publicaciones, sino de que el propio proceso de investigación sea más respetuoso con el entorno. Ese es el camino en el que queremos avanzar.
Otro de los objetivos que se ha marcado es la internacionalización de la Agencia. Ha mencionado el escaso grado de conocimiento que tiene en el exterior. ¿Cómo piensa mejorar esa percepción?
Nuestro objetivo es claro: vamos a alinearnos con Europa, tanto en el Espacio Europeo de Investigación como con las agencias homólogas a través de Science Europe. Queremos jugar un papel más relevante, participar activamente en los foros internacionales y, sobre todo, ser muy rápidos en adaptar las iniciativas que surgen allí a nuestra forma de trabajar.
Se trata de visibilizar lo que hacemos, de que se nos reconozca como un actor clave dentro del sistema europeo de financiación de la ciencia. Vamos a estar donde se toman las decisiones y vamos a traer esas dinámicas a nuestro día a día.
Pongamos el ejemplo de CoARA, la coalición internacional de organizaciones científicas que trabajan juntas para permitir una reforma sistémica de la evaluación de la investigación. ¿Qué grado de desarrollo tiene actualmente el modelo de evaluación propuesto por CoARA en el plan de evaluación de proyectos de la AEI?
No formamos parte de la coalición CoARA, al menos de momento, no sé si lo haremos en el futuro. Pero sí te puedo decir que los principios de CoARA ya los hemos ido integrando en nuestros procesos. Me refiero a lo que se conoce como evaluación responsable, que no se basa solo en métricas o números, sino que incorpora un enfoque más cualitativo. Eso en la Agencia lo aplicamos desde hace un par de años.
Por ejemplo, el currículum vitae abreviado que utilizamos está muy alineado con esa filosofía. Lo que pedimos es que los investigadores expliquen el impacto real de sus publicaciones, qué aportan, por qué son relevantes. No basta con el número de artículos o las citas: queremos saber qué significado tiene su trabajo.
¿Las métricas? Claro que tienen su valor, pero por sí solas no sirven para evaluar individualmente a una persona. Son útiles para una visión global del sistema, pero para valorar una carrera científica necesitamos contexto, impacto real y aportaciones específicas. Y esa es la tendencia en Europa. Lo hemos visto también en la reciente reunión del Global Research Council.
¿Supone más trabajo para la evaluación? Sí. Pero también es una evaluación más justa, más rigurosa. Y seguiremos alineados con los grupos internacionales que están desarrollando estas buenas prácticas para integrarlas en nuestros procedimientos.
En 2025, la AEI cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros. Entre 2018 y 2024, el Gobierno duplicó la inversión científica con fondos europeos y aumentó un 40 % los fondos estatales. ¿Qué balance hace del ecosistema investigador español, considerando logros como el 40 % de fondos de recuperación europeos destinados a I+D y retos como la inversión del 1,4 % del PIB en I+D y la contribución empresarial del 0,7 % del PIB? Con los presupuestos nacionales prorrogados, las nuevas directrices de la UE para aumentar el gasto en defensa y la difícil situación geopolítica, ¿la inversión científica se va a ver afectada?
Presupuestariamente seguimos por debajo de la media europea, tanto en inversión pública como privada. Alcanzar el 2 % del PIB en I+D, que es el objetivo del Gobierno, todavía requiere esfuerzo, no solo público, también privado. Se han hecho avances importantes, sobre todo gracias a los fondos europeos de recuperación y resiliencia. España es, de hecho, el segundo país de Europa que más porcentaje de estos fondos ha destinado a I+D, en torno al 40 %. Eso ha supuesto un impulso claro. El reto ahora es consolidar esa financiación: que no sea un esfuerzo coyuntural, sino estructural.
En los años en los que se aprobaron presupuestos generales vimos incrementos sostenidos en la financiación pública a la ciencia. Ahora estamos funcionando con presupuestos prorrogados, lo que implica trabajar con las cuentas del año anterior. Afortunadamente, esos incrementos previos nos permiten mantener una financiación razonable, pero 2026 va a ser un reto. Necesitamos nuevos presupuestos para garantizar políticas estables, sobre todo para convocatorias estratégicas, como las dirigidas a atraer talento o consolidar investigadores.
España ha mejorado claramente respecto a hace unos años -yo lo he seguido desde Bruselas-, pero el margen de mejora sigue siendo importante. Y además del aspecto presupuestario, hay otro reto igual o más relevante: necesitamos seguir avanzando en la definición de una carrera investigadora clara y atractiva, mejorar las retribuciones y estabilizar las trayectorias. No es solo un problema de recursos, es también un problema de estructura. Para parecernos a los países de nuestro entorno europeo necesitamos resolver esas cuestiones.
El contexto europeo y geopolítico complica la situación, es evidente. Las nuevas directrices sobre inversión en defensa van a tensionar los presupuestos generales. Pero si queremos un país competitivo y sostenible, invertir en ciencia e innovación no es opcional, es estratégico.
El modelo de financiación de la AEI se basa en convocatorias competitivas. ¿Considera que este sistema satisface las necesidades del ecosistema investigador?
La investigación siempre es un equilibrio entre competir y cooperar. La clave está en encontrar el balance adecuado. Competir es necesario, especialmente en contextos amplios, porque cuando se ponen a competir las mejores ideas, obtenemos los mejores resultados. Creo que la competencia por ideas y proyectos de investigación es positiva y debe mantenerse, pero al mismo tiempo hay que fomentar más la cooperación.
Un porcentaje muy alto de los proyectos que financiamos se resuelve mediante competencia, y creo que ese modelo funciona. Pero hay margen para abrir más a la cooperación, tanto nacional como internacional. España participa activamente en muchas iniciativas internacionales, pero, sinceramente, creo que aún podemos mejorar. Actualmente, la parte del presupuesto de la Agencia destinada a cooperación internacional no llega al 5 %, y uno de mis objetivos es aumentarlo. He tenido ya contactos bilaterales con otras agencias europeas y puedo afirmar que España es un país atractivo para cooperar, y lo es cada vez más.
Además, somos buenos en proyectos de cooperación. De hecho, creo que se nos dan mejor los proyectos colaborativos que los individuales. Lo vemos en el caso del ERC: al analizar la participación de investigadores e investigadoras españoles, destaca nuestro buen papel en los Synergy Grants, que son proyectos colaborativos, más que en los individuales. Y no solo participamos, también lideramos. Tenemos potencial y experiencia, y debemos seguir reforzando ese camino.
El nuevo director de la AEI propone implementar el contrato de gestión para realizar una planificación anual real
¿Qué mecanismos de evaluación ex post implementará la AEI para vincular la financiación a resultados medibles, como publicaciones, patentes, transferencia tecnológica o impacto económico y social, en línea con su mandato de transparencia?
Hay varios aspectos importantes. Por un lado, el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación cuenta con un programa propio de evaluación de convocatorias y programas. Este proceso lo coordina el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, y la Agencia colabora y contribuye activamente, aunque no lo lidera directamente.
Además, uno de mis objetivos es avanzar en la definición de indicadores concretos para medir el impacto de la investigación financiada desde la Agencia. No me refiero solo al impacto en publicaciones o al posicionamiento en el 1 % más citado, sino a un conjunto más amplio y preciso de indicadores para seguir el impacto real de nuestras actuaciones. Este trabajo está en marcha y lo haremos coordinados con el Ministerio.
Para mí es fundamental publicar de manera accesible los datos sobre la financiación que concedemos. No solo por transparencia, sino porque muchos investigadores en políticas científicas pueden usar esa información para realizar estudios y de esta manera contribuir a la mejora del sistema.
De hecho, ya gestioné esta responsabilidad en el ERC, donde desarrollamos herramientas para ofrecer información sobre la ciencia financiada. Ahora quiero impulsar una iniciativa similar desde la Agencia, siempre en coordinación con la Secretaría de Estado, que tiene el mandato de seguimiento general del Plan.
Regiones como Madrid y Cataluña concentran la mayoría de los fondos de la AEI. ¿Qué medidas adopta la AEI para promover una distribución más equitativa e impulsar la capacidad científica en comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha?
Respecto a la desigualdad territorial, es cierto que existe, pero hay que recordar que en España las políticas de I+D+i son competencia compartida entre Comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Aquí debe haber un esfuerzo conjunto. Aquellas comunidades que más se han esforzado, en recursos y planificación, han obtenido más éxitos a nivel nacional y europeo. La distribución regional de las ayudas nacionales es muy similar a la de las ayudas europeas competitivas.
Esto no implica que debamos abandonar a las comunidades que están menos avanzadas. Para ellas existen los fondos estructurales europeos y regionales, gestionados también, en parte, desde la Administración General del Estado, y la Agencia en particular, que ayudan a crear infraestructuras y capacidades.
Desde mi punto de vista, no sería razonable modificar el sistema competitivo en programas como proyectos de I+D o contratos Ramón y Cajal, ya que compiten las mejores ideas y los mejores investigadores/as, ese sistema garantiza calidad. Pero sí debemos trabajar con las Comunidades para mejorar su capacidad competitiva. Si mejoran a nivel nacional, estarán mejor preparadas para competir en Europa.
Por tanto, mi estrategia se basa en dos líneas: inversiones en infraestructuras y personal apoyadas con fondos europeos, y promover instrumentos específicos para que las Comunidades incrementen su competitividad. Uno de mis objetivos es reunirme con responsables de cada Comunidad autónoma para analizar la situación y estudiar mejoras que refuercen su participación en el sistema nacional de ciencia e innovación.
¿Cómo coordina la AEI sus actividades con el Ministerio de Ciencia, el CSIC, el CDTI y las agencias autonómicas para evitar solapamientos y maximizar el impacto, por ejemplo, a través de programas conjuntos o reuniones interinstitucionales?
Evitar solapamientos es prioritario. Algunas comunidades, como Cataluña, lo han conseguido naturalmente, focalizándose en personas e institutos sin replicar la administración estatal. La competencia es más efectiva cuanto mayor es su ámbito, siempre que evitemos solapamientos y haya complementariedad. Eso es lo que intentamos desde la AEI.
Mantenemos diálogo constante con todas las instituciones para impulsar la investigación. Con el CDTI, tenemos una relación importante en convocatorias de colaboración público-privada. Dentro del Ministerio, uno de mis primeros trabajos ha sido reunirme con las secretarías generales para establecer cooperación que evite solapamientos, especialmente en la evaluación del impacto de las investigaciones financiadas. Esta será una constante en la dirección de la Agencia.
Fernández de Labastida subraya que para fortalecer la AEI es fundamental mejorar su gestión
España invierte el 1,4 % del PIB en I+D, con solo un 0,7 % proveniente de empresas. ¿Qué medidas impulsa la AEI, como los 320 millones de euros para proyectos público-privados en 2024 o los 21,1 millones del programa Torres Quevedo, para fomentar la colaboración entre universidades, centros de investigación y el sector privado en áreas como inteligencia artificial y biotecnología?
Las ayudas para la colaboración público-privada es una de nuestras convocatorias más importantes. Queremos que los resultados de la investigación lleguen al sector productivo lo antes posible. La convocatoria «Prueba de Concepto», que nació con fondos de recuperación y que quiero mantener a toda costa, es clave en este objetivo. Solo pueden acceder quienes ya han tenido un proyecto financiado. Su finalidad es que el investigador identifique el potencial de sus resultados de investigación en el ámbito de la innovación. Lo esencial es crear conciencia de que ningún resultado de la investigación con potencial para desarrollar productos o servicios que lleguen al mercado se quede en el cajón.
En el ERC, la Prueba de Concepto existe desde 2011 y ha sido un éxito: ha despertado un fuerte interés por transferir conocimiento ágilmente al tejido productivo. España es el país con más éxito en esta convocatoria del ERC, lo que demuestra nuestro talento y capacidad.
En la Agencia mantenemos esta línea y la impulsaremos siempre que los presupuestos lo permitan. Es el primer paso, hacia proyectos más ambiciosos que consoliden colaboraciones público-privadas y generen impacto real en la economía.
Por último, el programa ATRAE 2025 moviliza 45 millones de euros anuales para atraer talento internacional. ¿Qué incentivos ofrece España para competir con polos científicos como Alemania o EE. UU.?
Hemos incrementado la dotación hasta un máximo de 45 millones y hemos visto mayor demanda que en convocatorias anteriores, debido a la situación en EE. UU. Los centros de investigación nos indicaron un creciente interés por parte de investigadores en este país y la Secretaría de Estado nos pidió ampliar el presupuesto. Así lo hicimos. ATRAE incentiva a las instituciones a crear puestos estables para investigadores e investigadoras, con solicitudes conjuntas, investigador/a e institución, que fomentan la incorporación de talento externo y su estabilidad. Hay interés en Europa, con agencias como Francia y Alemania lanzando convocatorias similares, y el ERC está considerando un tipo de ayuda de naturaleza similar.
