Nos venimos enfrentando a un incremento en los trámites administrativos para solicitar, gestionar y justificar los proyectos de I+D+I. La inversión de tiempo y recursos se ha disparado de forma aplastante, siendo necesario contemplar una reducción para que los investigadores podamos centrar nuestra atención y esfuerzo en generar el conocimiento científico que aporte las soluciones a los retos sociales. No es una tarea fácil, puesto que los procedimientos se han ido complicando con el tiempo. En primer lugar, para asegurar la ejecución correcta y transparente de los presupuestos como pretende la normativa para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE). En segundo lugar, por la creciente necesidad de reducir el perjuicio ambiental de los proyectos, todavía asumible por estar en sus inicios, pero que se complicará con el paso del tiempo.
Vayamos por partes. Aplaudo las medidas que garantizan el correcto uso de los fondos concedidos a los proyectos de I+D+I, pero me parece descabellado que prácticamente se nos criminalice aplicando una fiscalización irrazonable en la gestión de unos presupuestos modestos, que requieren gastos moderados. Lo vivimos con la aprobación de la ley 9/2017 de contratos del Sector Público, que limitaba la compra a proveedores en base al NIF/CIF de la institución, sin considerar que en la ejecución de los proyectos de I+D+I las compras a un proveedor son realizadas por una constelación de grupos de investigación independientes y autónomos de la institución, y no por una unidad central. Esto obligó a crear Acuerdos Marco con los proveedores que nos fuerzan a comprar los productos ofertados en dichos acuerdos, a pesar de que pueden no tener la calidad requerida por el proyecto o estar obsoletos. Una medida pensada para controlar y ahorrar pero que, en ocasiones, resulta punitiva, incluso económicamente. Los investigadores seguimos asombrados por semejante torpeza de nuestras autoridades.
Actualmente, para la ejecución de los fondos PERTE, hemos de añadir el análisis de conflictos de interés (Minerva) junto con la declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) que debe firmar el investigador principal para obtener la autorización de la AEAT para prácticamente cada compra, independiente de su valor; simplemente, ¡impresionante! ¿Alguna autoridad se ha detenido a pensar en el tiempo y recursos invertidos en este procedimiento? Entiendo que este requisito se exija para compras importantes (infraestructuras, equipos, etc.) para evitar la corrupción que, por cierto, es incapaz de conseguir pues estamos viendo como el procedimiento falla en casos altamente gravosos, lo que ha encendido, una vez más, las alarmas en la Comisión Europea. Que se tenga que aplicar a los proyectos es una aberración legislativa promovida por nuestros gobernantes como una excusa para diluir el deficiente control de la corrupción entre sus afines. Probablemente, es una normativa necesaria para asegurar una gestión correcta, ética y transparente de grandes inversiones, pero incorrectamente aplicada a los proyectos de I+D+I sobrecargando a los investigadores y sus instituciones de procesos administrativos costosos y cuestionables. Confiemos que los últimos acontecimientos políticos no resulten en una normativa más restrictiva y dolosa para la I+D+I.
A la comentada carga burocrática hay que añadir procedimientos adicionales que la incrementan más. Por una parte, el aumento de las exigencias para usar animales de experimentación, así como células y muestras humanas. No pongo en duda que tenemos el deber de cumplir con los requerimientos éticos en ambos casos, lo que cuestiono es que se tenga que solicitar la aprobación de los mismos procedimientos para cada proyecto, lo que nos obliga a cumplimentar los mismos impresos de forma recurrente. Por otra parte, se ha instaurado la declaración del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) tanto a nivel de la solicitud como de la justificación con el fin de evaluar el impacto medioambiental que pueden generar los proyectos de I+D+I. Por el momento, el DNSH es un trámite relativamente simple que consiste en contestar unas preguntas referentes al perjuicio medioambiental que podría ocasionar el proyecto. Poco me equivoco si afirmo que la mayoría de los proyectos en biociencias y biomedicina declaran tener un impacto mínimo o nulo sobre el medio ambiente, a menos, que estén centrados en él. Esta afirmación, aparentemente cierta, resulta cada vez menos asumible por el intensivo uso de plástico en los laboratorios. Cada vez más agencias internacionales están exigiendo en las solicitudes de proyectos una estimación del uso del plástico y otros agentes contaminantes, así como un plan de medidas para su reducción. No nos extrañemos que en breve se nos exija hacer esta estimación en un formulario DNSH actualizado. En relación con este tema, otro aspecto que está surgiendo, y al que también debemos prestar atención en el futuro es la huella de carbono que producimos los investigadores con las reuniones presenciales (reuniones, congresos, etc.). Recientemente, se me ha pedido calcular la huella de carbono, así como proponer un plan de contingencia, como fomentar las videoconferencias y usar transporte no contaminante. No me sorprenderá ver en un futuro no tan lejano una exigencia similar en las solicitudes de los proyectos nacionales.
En mi opinión, estos procedimientos junto a otros como el plan de gestión de datos, si bien tienen un objetivo defendible y asumible, debieran consensuarse con la comunidad científica para no sobrecargarnos de actividades que cada vez nos distraen más del planteamiento y desarrollo de proyectos innovadores de I+D+I, perjudicando así la generación de conocimiento que contribuya a resolver los retos de nuestra sociedad. Dedicar nuestro cerebro, tiempo y esfuerzo a estos aspectos, si no se controla, tendrá un importante impacto sobre la creatividad y productividad científica. Cuidar el medio ambiente, ejecutar correcta y transparentemente los fondos, y fomentar la compartición de los datos y recursos, ¡SI!, pero no a costa de distraer en exceso nuestra sustancia gris. Busquemos el equilibrio para cumplir con la ética y la sostenibilidad, sin distorsionar, ni afectar el avance científico, motor del bienestar social.
