Al observar las noticias recientes y de meses anteriores, resulta inevitable reflexionar sobre el efecto que pueden ejercer en conjunto sobre la inversión científica, especialmente en relación con el Plan Nacional. Por un lado, la recurrente ausencia de presupuestos nos deja otro año más sin asignaciones claras para los programas, quedando sometidos a posibles cambios inesperados durante el año. Además, esta carencia presupuestaria impide cualquier actualización relativa a la inflación y dificulta todavía más el aumento progresivo necesario para acercarnos a los estándares de países europeos más avanzados. Sin duda, es preocupante que quienes gobiernan sigan priorizando sus intereses y votos antes que las verdaderas necesidades nacionales. Esto resulta aún más lamentable considerando que cifras y organismos nacionales e internacionales recalcan que España lidera el crecimiento del PIB en Europa.
Resulta asombroso que la riqueza generada año tras año, en parte gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no haya incentivado una inversión más decidida en I+D+I para acercarnos al 2% del PIB, como ocurre en las economías más avanzadas. Surge la incertidumbre sobre qué sucederá cuando estos fondos se agoten: ¿Contará el país con los recursos suficientes para impulsar la ciencia? ¿Volverán los recortes habituales? ¿Regresaremos a la política del «más por menos» que nos impusieron anteriormente? Personalmente, deseo creer que esto no ocurrirá y espero que nuestros líderes y políticos sean capaces de mirar más allá de sus intereses particulares, planteando estrategias que aseguren un crecimiento sostenido y sostenible, cimentado en el desarrollo científico-tecnológico como fundamento del bienestar social.
En términos claros, considero fundamental que los responsables gubernamentales, las fuerzas políticas y los representantes científicos se reúnan para establecer un pacto de Estado destinado a sentar las bases y garantizar los recursos necesarios para una I+D+I competitiva, capaz de afrontar eficazmente los retos sociales. El sistema cuenta con suficiente talento, masa crítica y excelencia para sostener una investigación sólida y de calidad; sin embargo, carece de los recursos imprescindibles para aprovechar plenamente estas fortalezas, ampliamente reconocidas por la sociedad, pero frecuentemente desatendidas por quienes ostentan capacidad de decisión. Cuando hago referencia a gobernantes y políticos, incluyo a todas las formaciones, ya que esta responsabilidad no recae únicamente sobre el partido en el Gobierno, sino también sobre la oposición. La ciencia no debe ser objeto de disputa partidista, pues su impulso es una necesidad social que afecta a toda la ciudadanía, independientemente de sus afinidades políticas. Se ha constituido la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), aunque no resulta del todo claro cuál es su papel en el fomento de la I+D+I. No pongo en duda su relevancia, pero no he tenido conocimiento de iniciativas concretas al respecto. En ocasiones, la creación de nuevas oficinas responde a objetivos legítimos, si bien con el tiempo sus acciones resultan discretas, enfocándose más en el ámbito internacional que en ejercer presión interna para favorecer el progreso científico nacional.
Al inicio de esta tribuna abordaba la insuficiencia presupuestaria como un obstáculo significativo para la inversión en I+D+I. A esta problemática se suma la presión internacional para aumentar el gasto en defensa al 5%, lo que representa un considerable desafío debido a la magnitud de los recursos requeridos, los cuales deben provenir de fondos ya existentes. Paralelamente, el déficit creciente del sistema de Seguridad Social exige una asignación cada vez mayor de recursos para atender las obligaciones relativas a pensiones. La combinación de estas dos partidas supone ya un porcentaje sustancial del presupuesto nacional. La Seguridad Social constituye un compromiso prioritario e ineludible que absorberá progresivamente más fondos, situación difícilmente sostenible con el actual nivel de riqueza económica. Por otra parte, el incremento del gasto en defensa, de concretarse, se convertiría asimismo en una prioridad debido a sus implicaciones internacionales. Además, el aumento del gasto público durante periodos electorales, orientado a captar votos, dificulta aún más que en 2026 o 2027 la inversión en ciencia figure entre las prioridades gubernamentales, corriendo el riesgo de quedar relegada.
Pese a que el colectivo científico tenemos una presencia e influencia limitadas, resulta fundamental seguir manifestando y defendiendo que el crecimiento sostenido y sostenible del país no debe apoyarse únicamente en el incremento de impuestos, sino también en el fortalecimiento de la inversión en I+D+I. Esta inversión es esencial para fomentar el desarrollo económico y el bienestar social. Por tanto, resulta imprescindible que los responsables políticos reconozcan y valoren adecuadamente el papel estratégico de la ciencia como motor fundamental para el progreso de España. ¡Abran los ojos!
